Manifiesto UNAPE
La Unión de Artista Populares del Ecuador UNAPE[1], hace públicas sus opiniones frente al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Cultura.
Están en trámite en la Asamblea Nacional unas reformas a la Ley Orgánica de Cultura, aprobadas por la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que están listas para primer debate del pleno de la Asamblea Nacional.
El proyecto aborda cuatro ejes temáticos: 1) Patrimonio cultural tangible, 2) del fomento y apoyo a los artistas nacionales, 3) la creación de núcleos del exterior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y 4) de los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC, recogidos de las propuestas de varias asambleístas realizadas en años pasados
La Unión de Artistas Populares del Ecuador, UNAPE, manifiesta su preocupación e inconformidad ante dicho proyecto, fundamentados en los siguientes aspectos:
1.- No existe en el conjunto de reformas planteamientos que refuercen los derechos culturales, que afirmen al Ecuador como un país pluricultural y de relación intercultural. Tiende, más bien, a introducir planteamientos neoliberales que permitirían la mercantilización de los bienes patrimoniales; crea las condiciones para hacer un negocio de todas las actividades creativas y culturales, que generen ingresos y puedan contribuir al fisco, se pretende sustituir los derechos culturales por os servicios culturales. Está orientada a considerar el arte como mercancía, no importa qué tipo de arte, lo que se busca es dotar de más ganancia a los productores, emprendedores y gestores del espectáculo de masas.
2.- Los creadores, los artistas, organizaciones culturales, tendrán que organizarse en algo así como las cámaras o colegios de profesionales; el RUAC será un catastro, ya no habrá la libertad de integrarse voluntariamente, pues se emitirá un reglamento que establecerá requisitos para el funcionamiento e ingreso al RUAC. Los artistas que actúan en la “economía informal” (entiéndase artistas independientes) deben ser formalizados, disciplinados en los deberes y derechos que el Estado disponga.
Se afirma también que “solo lo que establezca el ente rector puede funcionar”, todo lo demás caería en el ámbito ilegal, por ejemplo, un centro cultural donde se exhiba obras y presentar películas o videos. Claramente, esas reformas son antidemocráticas, violatorias de los derechos culturales y humanos establecidos en la Constitución.
3.- Sin ningún argumento se elimina el ya pírrico financiamiento para la promoción de festivales y la formación de públicos. Esto está en la línea del achicamiento del Estado, dogma neoliberal con el cual perjudican a la niñes y a la juventud al reducir los presupuestos para la educación, cultura, salud. Con un claro propósito político se le retira la frase de formación de públicos “críticos”, subyace en este aspecto una visión conservadora, de silenciamiento a la crítica de la gente frente a programas televisivos, espectáculos y otros eventos de baja calidad, con contenidos sexistas, discriminatorios, xenófobos y homófonos, de apología al narcotráfico. Entre otros aspectos.
4.- Se exonera a los empresarios del espectáculo y el entretenimiento de cumplir con el 50% de cuota de contratación para los artistas nacionales en eventos donde se presenten artistas extranjeros, dejando esta obligación solo a las instituciones públicas, particularmente a los GAD
5.- Con una población ecuatoriana migrante tan grande, distribuida en varios países, resulta necesario que existan núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en el exterior; el proyecto crea esta posibilidad, pero no se establece el obligatorio y necesario presupuesto estatal para su funcionamiento, responsabilizando de eso a los hermanos migrantes.
Para la UNAPE, una Ley de Cultura (s) no debe significar “regimentar al movimiento cultural”[2], el sometimiento a los caprichos estatales, ni pretender que los derechos culturales se vuelvan mercancía y funcionen al vaivén del mercado, de la caridad o el mecenazgo. Debe contar con el compromiso serio de los entes estatales y ese compromiso significa hacerlo viable dotando de un importante presupuesto para que sea viable.
Por ello proponemos:
1% del PIB para la actividad cultural en Ecuador
Las políticas culturales y derechos culturales garantizados en la Constitución deben contar con el presupuesto y financiamiento suficiente del Estado, para tener incidencia y resultados positivos. Tanto en la LOC, como en el proyecto propuesto, no hay una sola mención al presupuesto que debe tener la actividad cultural en el país. El 1% del PIB debe garantizar que todos los territorios y las diversas culturas del país puedan contar con los recursos, los espacios y apoyos estatales directos
Se debe impedir por ley, que los recursos destinados a cultura sean usados por los presidentes de turno del país para promoción personal y para hacer demagogia, como ha sucedido con los programas “Arte para todos” y “Teatro del barrio”, proyectos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente, en una acción de despilfarro y demagogia.
Democratizar el sistema nacional de cultura
Democratizar el Sistema Nacional de Cultura, contando en sus estructuras con representantes de sector cultural, de artistas y creadores independientes, academia, organizaciones sociales de artistas y del pueblo. Constituye un ejercicio necesario de democracia y de participación que permita que las políticas de cultura elaboradas puedan afirmarse en el conjunto de la población y tener resultados positivos.
Seguridad social para los artistas
Este es un clamor de los artistas burlado permanentemente. Por ello planteamos que se establezca un régimen especial para la seguridad social de los artistas, en el que debe haber necesariamente el aporte del Estado.
La cuota para los artistas del Ecuador
El fomento de las artes y de los artistas nacionales, el desarrollo de su creatividad, de su producción y la circulación de sus trabajos deben contar con el apoyo irrestricto de las instituciones estatales y privadas.
Los GAD y otras instituciones públicas que invierten o destinan recursos para eventos artísticos, de celebración de fechas cívicas, patronales, etc., deben asignar anualmente para los artistas nacionales, al menos el 50% de los montos de las contrataciones que hacen para “artistas, espectáculos, o agrupaciones extranjeras”. Además, esta disposición debe extenderse como obligación también al gran empresariado privado que realiza espectáculos, mega eventos y obtienen mega ganancias.
Por la directiva de la UNAPE
Alberto Carcelén / Presidente
Ramiro Vinueza/ Secretario
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[1] UNION DE ARTISTA POPULARES DEL ECUADOR, fundada el año 2004, alcanzo su personería jurídica en abril del 2005. Lleva 18 años trabajando por el arte popular, pluricultural y emancipador.
[2] Iván Egüez, La Política cultural va más allá de tomar unas medidas administrativas