Por Isacc Avellán
Con 74 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de la mal llamada Ley Humanitaria presentada por el gobierno de Lenin Moreno, constituyéndose en un nuevo paquetazo económico.
Si bien es cierto, esta ley suprimió la “cuenta humanitaria”, pero se oficializa un mecanismo de disminución de los salarios en un 45% en el sector privado. Las remuneraciones de los servidores públicos se disminuirán en un 16,6% para todos, excepto el magisterio que será del 8,3% , debido que disminuirán una hora y no dos como en el resto de servidores; sumado a ello, el anuncio de ocho mil despidos en el sector público, que se incrementarán por efecto del recorte entre el 10% y 15% del gasto corriente de todas las funciones del Estado, atentando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores dando paso a la flexibilización laboral, contratación por horas, la disminución de sueldos y salarios, vacaciones forzadas, licencias sin sueldos, despidos por “emergencia” y otras medidas antiobreras descargando sobre los trabajadores todo el peso de la crisis.
Ahora, el gobierno tiene el cinismo de decir
que es un “esfuerzo de todos” y nos preguntamos: ¿Cuál es el esfuerzo de los
empresarios, de los millonarios de este país? ¡Ninguno!
Precisamente los ricos son los que deberían aportar más para enfrentar la
emergencia sanitaria y no sacar la plata del bolsillo de los pobres. Parece
ser, que el concepto que nos quieren aplicar por parte de los sectores
pudientes para salir de la crisis significa garantizar que sus inversiones, negocios
y jugosas ganancias no se afecten, profundizando las condiciones de trabajo
bajo la perversa figura del “Acuerdo Mutuo entre las partes” impuesto por el
Ministerio del Trabajo, aplicando de manera errónea la disposición del art. 169
numeral 6 del Código del Trabajo como caso fortuito, para legalizar los
despidos masivos sin objeto de reclamar ninguna liquidación e indemnización por
el tiempo de trabajo.
El anuncio que hizo Lenin Moreno la mañana del 19 de mayo de 2020, lo hizo en nombre de los grandes empresarios, banqueros y organismos internacionales como el FMI, de quien es su portavoz y sirviente, afectan de manera regresiva la vigencia de los derechos y conquistas de la clase obrera ecuatoriana alcanzada desde la vigencia del Código del Trabajo en 1938.
El gobierno de Moreno está sufriendo un mayor y vergonzoso desprestigio, una crisis de credibilidad profunda, resultado de su política indigna al servicio de la oligarquía y del imperialismo, junto a ello los escándalos de corrupción se suman día tras día, igual que los desaciertos, la ineptitud y la desvergüenza de los altos mandos y medios de los funcionarios públicos, que rotan de puesto en puesto con el antecedente de haber servido al Correísmo, formando parte de la gavilla de delincuentes por un lado de quienes han sido condenados y de otros que sirven por igual al Morenismo.
Este intenso escenario se agudiza entre el gobierno y los sectores populares y ante la imposición de estas medidas económicas inhumanas crece el descontento, la indignación, generando movilizaciones y plantones en las calles y plazas del país, ubicando claramente exigencias como: la moratoria al pago de la deuda externa; no al recorte del presupuesto de la salud y educación; comida, trabajo y medicinas para el pueblo, poniendo en el centro del debate la defensa de la vida.