Por Francisco Escandón Guevara

La democracia formal en el Ecuador tiene un fétido olor a fraude. Diez días después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es incapaz de proclamar resultados debido a la desconfianza en los escrutinios que están envueltos en polémicas.

El proceso en general fue controvertido. El período de inscripciones e impugnaciones, el incumplimiento de plazos y requisitos de varias candidaturas, la impresión errada de papeletas, los pronósticos de encuestadoras y empresas encargadas del exit poll, etc. desnudaron la incapacidad técnica de los consejeros del CNE, las pugnas políticas en su interior y su sumisión ante los dueños del país.

Los intentos de polarizar los sufragios entre el progresismo conservador y los neoliberales, entre correístas y lassistas, se frustraron después de la amplia votación alcanzada por el movimiento indígena y popular. La tendencia en más del 90% de actas contabilizadas afirmaron que Yaku Pérez pasaba a la segunda vuelta, pero el cómputo restante cambió la voluntad popular a favor del candidato de la banca.

A partir de allí, las denuncias de fraude electoral tienen cada vez más cabida y la exigencia de transparencia en los comicios es generalizada. El pueblo rechaza la imposición de un balotaje pactado por las élites para conservar el status quo y apoya el recuento público planteado por Yaku Pérez.

La presión social obligó a que el banquero acepte este acuerdo por la transparencia. La propuesta del líder indígena de recontar el 100% de votos de la provincia del Guayas y el 50% de otras dieciséis provincias fue validada además por la Organización de Estados Americanos.

Pero los últimos alegatos de Guillermo Lasso conspiran contra lo convenido y abonan a la desconfianza de un fraude. El banquero incumple su palabra y presiona al organismo electoral para que no operativice la apertura de urnas.

Mal hace el CNE al obedecer los intereses de las élites. Bloquear el recuento es echar gasolina al fuego, pues estimulará las movilizaciones del movimiento indígena-popular, restará legitimidad política al próximo presidente y acepta como fallido al sistema democrático en el que no importa por quien vote el pueblo, pues los que cuentan los sufragios son quienes deciden.

Sólo el recuento es garantía de transparencia, lo contrario es cavar la tumba de la democracia liberal.