Por: Mateo Rodríguez
La reforma constitucional presentada por Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país o ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas extranjeras, fue aprobada el 3 de junio de 2025 con 82 votos.
Con esta decisión, aceptada por el bloque de gobierno, socialcristianos y la mayoría asambleístas del Pachakutik, se continúa el proceso de limitación y venta de la soberanía nacional que fuera iniciado por Guillermo Lasso, quien al igual que Noboa, con el utilizando el pretexto de la delincuencia e inseguridad, aprobó parios instrumentos de cooperación militar con los Estado Unidos, entre ellos: a) Estatuto de las fuerzas, que se convierte en el marco legal para el ingreso, operación y comportamiento del personal civil y militar del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se encuentren en territorio ecuatoriano; b) Operaciones contra actividades marítimas, que regula las acciones que pueden ejecutar los militares estadounidenses, especialmente por mar y tierra.
Esta decisión no puede únicamente ser analizada en el contexto nacional o de la inseguridad. Los intereses políticos, económicos y militares tras la misma, superan la frontera nacional. Donald Trump, presidente de los EE.UU. desató desde su posesión amenazas de expansión territorial hacia Groenlandia, Canadá, el Golfo de México y el Canal de Panamá; inició una guerra comercial contra China que debió poner en suspenso; etc.
La oligarquía ecuatoriana encontró en el incremento de la inseguridad el justificativo para cumplir con los intereses del imperialismo y reformar el artículo 5 de la Constitución. Esta resolución del legislativo no es aislada, es parte de una serie de medidas que se han venido dando en el país. Desde septiembre de 2018 el avión estadounidense Orión P3 empezó a sobrevolar el espacio marítimo ecuatoriano. Pero fue en mayo del 2019 cuando el Ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, anunció que el aeropuerto de San Cristóbal en Galápagos se convertiría en base de operaciones para mantenimiento y abastecimiento del Orión P3 y del Awac. En septiembre del 2022, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos presidió la Conferencia Sudamericana de Defensa reunida en Quito. En su discurso retrató a China y Rusia como “amenazas malignas” para el hemisferio.
En Estados Unidos, el 23 de diciembre de 2022, entró en vigor la “Ley de Asociación entre Ecuador y EE.UU.” En dicha norma se establece que, un buque de la guarda costera deberá patrullar las Galápagos, para asegurar la reserva marina, por otro lado, se estableció la trasferencia de hasta dos ISLAND class cutters (lancha patrullera) al Gobierno del Ecuador como artículos de defensa. En julio del 2023, el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador suscribió un Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como parte un Plan de Acción Bilateral a ejecutarse hasta el año 2029. Algo similar puso en marcha la USAID al mes siguiente. En septiembre y octubre de 2023 se firmaron los compromisos Luego vinieron dos acuerdos militares que nos referimos anteriormente.
Como se puede apreciar, esta reforma constitucional es la continuación de la política imperialista que busca en nuestro país una cabeza de playa para posicionar una fuerza militar que le garantice el control del Pacífico Sur en su disputa con China.
Luego de la aprobación por parte de la Asamblea, la reforma debe ser sometida a referéndum y serán los trabajadores y pueblos los que se pronuncien.