Por: David Rosero
Varias organizaciones sociales, medios de comunicación y especialistas han denunciado la negligencia del gobierno para enfrentar la crisis sanitaria. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, con datos al 15 de mayo se reportan alrededor de 14.279 muertes por encima del nivel histórico. Además con datos oficiales al 22 de mayo apenas se han aplicado 104.330 muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas (siendo el séptimo país en Sudamérica) y tenemos 35.828 casos confirmados. La recomendación de la OMS sobre aplicar ¨pruebas y más pruebas¨ prácticamente ha sido inobservada por parte del régimen.
Por otro lado llueven las denuncias de corrupción que salpican al gobierno y sus acólitos. El Consejo de Participación Ciudadana dispuso la investigación integral en todo el territorio nacional a los contratos de la emergencia realizados por parte del IESS y el Ministerio de Salud. Un primer informe determinó más del 500% de sobreprecios en insumos médicos en uno de los hospitales del gobierno. Las investigaciones siguen en diferentes casas de salud.
El artículo 98 de la Constitución garantiza el ejercicio del derecho a la resistencia por parte de los individuos y los colectivos frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren derechos constitucionales; el artículo 204 señala que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio a su derecho a la participación; el artículo 95 garantiza el derecho a la participación protagónica de los ecuatorianos en la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público; finalmente está el derecho a la organización establecido en el artículo 96 y la libertad de expresión.
Amparados en la Constitución y el legítimo derecho a la protesta, varias organizaciones nacionales de trabajadores, universitarios, comerciantes, maestros, entre otros sectores han planteado jornadas de movilización progresivas (guardando los protocolos de bioseguridad respectivos) para rechazar las contraproducentes decisiones del gobierno, la ilegal reducción salarial, los despidos masivos, la liberalización del precio de los combustibles, las leyes de Finanzas Públicas ordenada por el FMI y la Ley de la Esclavitud falsamente denominada de ¨apoyo humanitario.¨ Las propuestas que se levantan con fuerza desde los sectores populares son: la moratoria de la deuda externa, la renegociación de los contratos con las telefónicas celulares y petroleras, el cobro de 1449 millones de dólares a 500 empresas morosas que tienen deudas en firme con el SRI, la contribución de 200 grupos económicos que como los banqueros ganaron solo entre 2017 a 2019, más de 1500 millones en utilidades, la salida de Richard Martínez, etc. La resistencia al gobierno del desempleo está vigente.