Por Alonzo Cueva
El reciente feriado de noviembre sirvió de telón de fondo para que el Gobierno concretara un nuevo capítulo en el desmantelamiento del patrimonio nacional. Mientras el país descansaba, en Abu Dabi se suscribía un acuerdo marco entre Petroecuador y la estatal emiratí ADNOC para negociar el Bloque 60. Sí, el campo Sacha: la indiscutible «joya de la corona» del petróleo ecuatoriano.
Bajo el desgastado relato de la «atracción de inversiones», el régimen camufla su incapacidad de gestión. Entregar el yacimiento más rentable del país —con más de 600 millones de barriles en reservas— no es pragmatismo; es una política entreguista que prefiere ceder la soberanía energética antes que fortalecer las capacidades del Estado.
Esta maniobra ignora que, en el Ecuador, la gestión de los sectores estratégicos es responsabilidad exclusiva del Estado. Los recursos no renovables son propiedad inalienable de los ecuatorianos y su delegación privada es estrictamente excepcional, aplicable solo si el Estado no tiene capacidad técnica o financiera. Sacha, un campo maduro, productivo y operado eficientemente por manos ecuatorianas, no cumple bajo ningún concepto con esa condición de excepcionalidad.
Esta flagrante vulneración constitucional arrastra consigo graves riesgos para el futuro de la nación, solo les pongo estos 4 ejemplos:
- Se perderían ingresos fiscales: Al ceder sus beneficios, el Estado dejará de percibir recursos directos del campo más rentable y barato de producir, debilitando el financiamiento para educación y salud.
- Se debilitaría a Petroecuador: Privar a la estatal de su activo más eficiente le quita la columna vertebral de su sostenibilidad financiera, acelerando un escenario de quiebra inducida.
- Se expone al peligro de litigios: Negociar sin licitaciones transparentes abre la puerta a cláusulas de arbitraje internacional que amarrarán de manos al Estado ante futuros cambios de política soberana.
- Se somete a la dependencia geopolítica: Las decisiones de producción ya no responderán a las prioridades nacionales, sino a las estrategias corporativas de los Emiratos Árabes Unidos.
Utilizar los días de asueto no es coincidencia, sino un cálculo político para evadir el debate público, minimizar la fiscalización y adormecer la reacción social. Ya se intentó en el pasado con consorcios chino-canadienses y hoy el libreto se repite cambiando únicamente la bandera del operador.
La soberanía se mide en la capacidad de un país para decidir sobre sus propios recursos en beneficio de su desarrollo. Al delegar Sacha, el Gobierno demuestra que su prioridad es cumplir con una agenda privatizadora a expensas del futuro técnico y financiero del Ecuador.
El campo Sacha pertenece a los ecuatorianos, y defenderlo de este despojo silencioso es una obligación ciudadana ineludible.