Por Ramiro Beltrán
En Quito, días atrás, el dolor y la angustia de padres de niños con enfermedades renales se tomaron la avenida Colón, frente al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, para reclamar por la falta de medicamentos y el cambio constante de fármacos, una práctica que pone en riesgo la continuidad y seguridad de sus tratamientos, lo que pone en juego la vida de los niños.
Mientras tanto, se anuncia un programa de empleo temporal para 700 mil jóvenes para dos meses, con un costo de 560 millones de dólares, una vez concluido el período, volverán al desempleo. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿estamos frente a una política pública de empleo o ante una estrategia coyuntural de evidente impacto electoral?
La preocupación aumenta cuando observamos la situación de la salud pública: hospitales que, según las denuncias conocidas, funcionan con niveles de abastecimiento de medicamentos que llegan apenas entre el 20 % y el 50 %. En el caso de los afiliados al IESS, además, la atención mediante centros de diálisis enfrenta serias dificultades.
¿Es realmente una política de empleo sostenible o una medida coyuntural con finalidad electoral?
La contratación anunciada tendría vigencia del 30 de octubre al 27 de noviembre, mientras que las elecciones están previstas para el 29 de noviembre. ¿Simple coincidencia? ¿Decisión administrativa? ¿O una estrategia política que merece ser explicada con absoluta transparencia?
¿Por qué existen recursos públicos para determinadas iniciativas electorales, mientras son insuficientes los destinados a medicamentos y atención médica para pacientes de alto riesgo que esperan, con angustia e incertidumbre, recibir la atención que necesitan?
La pregunta final es para el Gobierno y, particularmente, para quien ejerce la Presidencia de la República: ¿dónde están las prioridades del Estado? ¿En la propaganda y las medidas temporales, o en garantizar de manera permanente el derecho a la salud, la vida y la dignidad de los ecuatorianos?
La ciudadanía tiene derecho a respuestas claras y oportunas. La salud es un derecho humano, no una mercancía ni un instrumento de propaganda electoral. El pueblo espera de sus gobernantes responsabilidad, sensibilidad y estatura política; por ello, le exhorta a asumir la actitud de un verdadero estadista, capaz de anteponer la vida, la dignidad humana y el bienestar colectivo a cualquier interés político o electoral.
Ex miembro de organismos nacional e internacionales de seguridad social.

