Por Francisco Escandón Guevara
A propósito de la llamada “cruzada por la seguridad”, varios fueron los anuncios hechos por el desgobierno de Lasso, sin embargo, las muertes violentas se multiplicaron, los delitos/contravenciones crecieron y el narcotráfico terminó fusionándose con el poder político del Estado.
Hasta ahora, la declaratoria de guerra a las bandas criminales, la intervención de las cárceles para lograr el control estatal, la entrega de recursos extraordinarios al ejército y la policía para retomar la seguridad, la flexibilización del porte y uso de armas, la autorización del uso progresivo de la fuerza hasta la letalidad, etc., constituyen un cúmulo de experimentos populistas que garabatean un perfil de estado policial-militarista.
El fracaso de este ensayo se refleja en los estados de excepción. Desde su posesión, el banquero decretó dieciséis veces la medida y en esos trescientos días, de los dos años de mandato, la inseguridad empeoró.
Para esconder el fiasco, ahora el discurso de las élites intenta imponer el imaginario del terrorismo como el enemigo interno del país y a la vigencia de los derechos humanos como el obstáculo para devolver la paz ciudadana. Ese es el relato de fondo que recoge el Decreto Ejecutivo 730.
El alcance de esta medida genera dudas, pues es errado homologar al crimen organizado como terrorismo y más equivocado aún es el intento de endosar tal caracterización a organizaciones sociales y líderes políticos que ejercen una oposición legítima sea al gobierno o al mismo sistema.
Para que exista terrorismo no sólo se evalúa la gravedad de las acciones violentas, sino la finalidad política e ideológica de las mismas; es evidente, los llamados choneros, tiguerones, lobos e incluso los actos de los carteles internacionales de drogas persiguen fines básicamente económicos. Si el propósito es vencer a estas mafias, se debería asfixiar su economía dependiente del comercio de narcóticos y evitar que los jóvenes terminen seducidos por las bandas ante la desatención estatal.
El simple intento de calificar a la oposición popular como terrorista es peligrosamente autoritaria, de imponerse esta aberración en el futuro se ilegalizarán organizaciones sociales, se apresarán activistas, se asesinarán dirigentes, habrá ejecuciones extrajudiciales, se naturalizarán los daños colaterales y los falsos positivos.
Alerta, detrás del cuento terrorista está la intentona fascista.