Por Jaime Chuchuca Serrano
El concepto de terrorismo ha resaltado por su ambigüedad y mal uso. EEUU lo ha usado para determinar a sus enemigos en conjunto. En Ecuador no ha sido distinto, los últimos presidentes han atribuido terrorismo a sus opositores. Sin embargo, varios actos que están a la luz pública, el gobierno de Lasso no se ha molestado en catalogarlos como terroristas. En el extenso debate jurídico sobre el terrorismo, que no ha llegado a una conclusión, resalta una característica: el temor generalizado por la violencia armada o debido a sus amenazas. Los grupos delincuenciales relacionados con el narcotráfico han ejecutado cientos de acciones para generar terror en la población: envío de explosivos a periodistas, explosiones en lugares públicos, extorsiones, desmembraciones de cadáveres, sicariatos, y homicidios de todo orden. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado?
Lo peor de todo, es que las instituciones que tienen que prevenir y sancionar estos delitos se han visto inmiscuidas en varias de estas operaciones. Doctrinalmente, se establece que el Estado monopoliza las armas. No obstante, hay indicios de que instituciones policiales y militares están envueltas en el tráfico de las armas, igualmente secciones peruanas y colombianas. Las mafias y grupos delincuenciales concentran grandes cantidades de armas, explosivos, maquinaria y vehículos. Otra de las perlas en este debate. es que la presidencia, la fiscalía, la policía y otras se han demorado en conceptualizar el narcoterrorismo por “temor”. El aviso de la Embajada de EEUU, por posibles explosiones el 13 de abril, y el quemeimportismo del Ministro de Interior, Juan Zapata, dan cuenta de la negligencia pública y del reinado de las mafias.
El crecimiento exponencial del temor de la población ante las actividades delictivas, no solo tiene responsabilidad civil, sino también estatal. Aunque la Corte Constitucional negó el juicio político por las denuncias de concusión y la relación con la mafia, de Lasso y su cuñado Danilo Carrera, -pero si lo aceptó por el caso FLOPEC-, pero, nuevamente, EEUU alerta a través de 5 congresistas, para que Biden inicie una pronta investigación por corrupción. Los congresistas firmantes: Raúl Grijalva, Henry Johnson Jr., Jesús García, Juan Vargas y Eleanor Holmes, señalan que hay evidencia que sugiere que Carrera y Lasso podrían estar usando las jurisdicciones estadounidenses para sus negocios. ¿Se volverá a desconfiar de un aviso por “temor” y se esperará hasta que estalle otra vez?