Redacción Opción
El Magisterio nacional, encabezados por la UNE, más estudiantes secundarios y universitarios de la FESE y la FEUE, madres y padres de familia se movilizaron este día sábado 25 de marzo a la Asamblea Nacional para denunciar la grave crisis que atraviesa el sector educativo. La movilización fue recibida por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y varios legisladores, quienes recibieron el documento con las causales para llamar juicio político a ministra de Educación, María Brown.
La presidenta de la UNE, Msc. Isabel Vargas Torres, responsabilizó al gobierno de Lasso por priorizar el pago de la deuda externa en detrimento de la educación, por los actos de corrupción y los vínculos con las mafias del narcotráfico y la desatención a los principales problemas del país y en particular a la educación pública.
“Estamos aquí para denunciar el incumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por parte del Gobierno; ese incumplimiento está afectando directamente el interés superior del niño, niña y adolescente y vulnera los derechos del Magisterio. Por ello no hemos movilizado de todo el país para expresar que el Ecuador y la educación pública no soportan más a Lasso y a su ministra Brown” señaló la dirigente del magisterio.
Añadió que “Según el INEC en Ecuador más de 195.000 estudiantes no han retornado a las aulas luego de la pandemia de la COVID -19, muchos de estos niños están inmersión en el trabajo infantil, pues la principal causa de abandono es la pobreza en sus hogares. y otros están siendo reclutados por bandas criminales. A su corta edad el Estado les ha negado el derecho a la educación y salud. Algunos no están en la escuela pública, están en las escuelas de sicarios y eso estamos movilizados, por nuestros estudiantes por su vida y derecho”.
Isabel Vargas, dijo que “el Ecuador debe conocer que el Ministerio de Educación, hasta el día de hoy, no ha cumplido con el plan de reinserción educativa determinado en la cuadragésima tercera transitoria, cuyo plazo era de 30 días y esta vencido hace dos años, vulnerando el derecho a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes. Esta es la primera causal para exigir juicio político a la ministra de Educación”.
La presidente a de la UNE dijo también que la violencia esta amenazando y tomándose los planteles educativos. Y la solución no solo está en activar los protocolos y rutas luego de cada caso atroz. Sino entender que es urgente políticas públicas para su prevención, para lo cual la LOEI es imperativa (Art. 64.7), dónde se señala que se elaborará, implementará y evaluará el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo que contendrá las políticas, estrategias, programas, proyectos, acciones y mecanismos concretos para la prevención, detección y atención de toda forma de violencia en el contexto educativo. Sin embargo, luego de dos años que las reformas a la LOEI están en vigencia no se ha dado cumplimiento y en su lugar el reglamento de Lasso y Brown postergan para el 2024 su elaboración. Algo incomprensible, cuando es una necesidad urgente, ya que entre el final del 2022 y lo que va del 2023, van más de 50 casos de violencia física y sexual, que, al parecer, Laso y su ministra desconocen que el derecho a la educación no solo es acceder, es también contar con aulas seguras. No hay educación de calidad y calidez sin escuelas seguras. Razón por la cual está es la segunda causal para solicitar juicio político a la ministra de Educación María Brown.
La tercera causal, tiene que ver con que hasta el momento no se ha llamado al concurso de méritos y oposición al personal que labora bajo la figura de contrato en los departamentos de consejería estudiantil señalado en la Vigésima Segunda transitoria y tampoco se ha incrementado profesionales especializados para atender a los estudiantes que presentan diferentes dificultades. Violentado la Vigésima Primera transitoria para crear y asignar anualmente de forma proporcional y sostenida partidas presupuestarias necesarias para incrementar el número de profesionales DECE. La Unicef asegura que 7 de cada 10 hogares reflejan afectaciones emocionales y esto recae sobre los niños, niñas y adolescentes, y desde MinEduc poco o nada se hace.
La dirigente denunció que el Reglamento a la LOEI, intenta tener esclavos y no pedagogos, pues incumple con el Art. 117 incrementando el trabajo administrativo y la sobrecarga laboral, cuando es imprescindible que frente a todos los problemas que aquejan al país la pedagogía vuelva al aula. El Ministerio señala que las actividades extraescolares, extracurriculares, refuerzos académicos no son consideradas como periodos pedagógicos. Mientras, por otro lado, se incrementa requisitos por fuerza de la ley para el ascenso y recategorización, dejando a más de 11 000 docentes sin el derecho a la equiparación salarial.
Se refirió a un estudio de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), que establece que en el país hay una brecha de 74,000 maestros/as en el Sistema Nacional de Educación, sin que el ministerio haga nada para disminuirla.
No es verdad que se va a incrementar masivamente docentes. Al contrario, se incumple con el Art. 99 de la LOEI, que establece que, al inicio de los ciclos lectivos de cada año, el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional convocará a concurso público de méritos y oposición para llenar las vacantes existentes. Pero luego de dos años de vigencia de la ley se realiza la primera convocatoria el 6 de marzo del 2023, anunciando que apenas entran al concurso 400 partidas docentes para EGB, burlándose de más de 72.000 profesores que tiene la calidad de aptos y elegibles, que han superado las evaluaciones y cumplen con los requisitos establecidos en la LOEI.
A través del Reglamento y acuerdos ministeriales se inventan más requisitos con el ánimo de dar cumplimiento al decreto 457 Art. 40 sobre “la optimización del gasto público” que implica la reducción del personal, dejando claro que para el gobierno la educación significa un gasto más no una inversión.
Desde el propio Ministerio de educación, en el año 2022, se indicó que para el desarrollo del concurso de méritos y oposición se cuenta con 8 402 partidas certificadas, pero en lugar de aumentar la cifra se disminuyen afectando directamente a los niños y adolescentes.
No existe un informe técnico sobre la creación de partidas y desdoblamiento de aquellas que dejan los maestros que cada año se jubilan, como señala la LOEI en su artículo 97.1
Para el Gobierno y la ministra de Educación es fácil vender humo, al señalar que la calidad educativa pasa por cambiar de quimestres a trimestres o de reducir un examen remedial. Desde la Unión Nacional de Educadores, señalamos que garantizar el derecho a una educación de calidad implica entre algunas cosas contar con aulas seguras, laboratorios de punta, contenidos actualizados, libros, alimentación y médico escolar, presupuesto de calidad, docentes necesarios, evaluación constructiva y no destructiva. Señalo Vargas, y añadió “por estas razones y más causales estamos aquí estimados asambleístas, exigiendo que se fiscalice el facilismo, a la ministra y su Gobierno. Pero, sobre todo, el incumplimiento de los derechos plasmados en la ley reformatoria a la LOEI que no fue una dádiva, fue producto de 11 años de lucha y dos huelgas de hambre de UNE.
Por lo descrito anteriormente, señalamos que existen las causales suficientes para que la Asamblea Nacional, inicie el proceso respectivo para iniciar el JUICIO POLÍTICO a la ministra de Educación…Entregamos en sus manos del Presidente de la Asamblea Nacional, el documento donde el gremio del Magisterio, la Unión Nacional de Educadores, junto a la FESE, UNEM y otras organizaciones expresamos las causales y el pedido de inicio del juicio político, invitamos a los asambleístas de las diferentes bancadas a defender la escuela pública y al país, abrir un debate sobre la educación como derecho y no como privilegio “ finalizó