Por Marcelo Rivera T
El señor Wilson Erazo, en calidad de alcalde del cantón Santo Domingo, en todas las Sesiones del Concejo Municipal, ha tomado por costumbre utilizar el primer punto del orden del día, (Informe de actividades del señor alcalde) para fustigar, reprender, criticar y amenazar a sus adversarios políticos, replicando las conocidas “sabatinas” donde el ex presidente Correa ordenaba sanciones y linchaba mediáticamente a quienes lo criticaban, o expresaban un punto de vista contrario a sus políticas.
Con esa forma de actuar, Correa, durante los 10 años en el poder, se profundizó la criminalización de la protesta, y se instauró un régimen autoritario de persecución y represión a nivel nacional; cuando parecía que esas oscuras horas habían pasado, el alcalde de Santo Domingo desempolva el nefasto mecanismo.
Cuando el alcalde reprende en público a la concejal Liliana Silva, quien fue elegida democráticamente, y amenaza con sanciones administrativas, por el simple hecho de expresar una posición política diferente, ante una decisión de mayoría que ella considera incorrecta, está incurriendo en la vulneración de tres derechos humanos fundamentales de la concejal:
a) VIOLENCIA POLÍTICA: Al dirigir actos de violencia directa o indirecta contra la concejal Liliana Silva, con el objetivo de limitar su accionar o el ejercicio de su cargo, para influir en su voluntad, intimidarla, o coaccionarla en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización.
b) VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN: Al amenazar públicamente a la concejal Silva, y a su equipo de trabajo, con sanciones administrativas, el alcalde está vulnerando su libertad de expresión y pensamiento. La concejal tiene el derecho de expresar sus opiniones y participar en debates políticos sin temor a represalias, o sanciones.
c) VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA: Si la concejal Liliana Silva ha actuado de acuerdo con sus principios, convicciones y valores personales, y en respuesta el alcalde Erazo, en contubernio con los concejales de mayoría correísta, se expresan de forma ofensiva, y tratan de intimidarla mediante amenazas de sanciones administrativas, por supuestamente haber actuado en contra de la normativa legal, se está violando su derecho a la objeción de conciencia.