Por Guido Proaño A.
No es difícil entender que al demonizar la protesta y a quienes la convocan, buscan golpear la imagen de las organizaciones populares y políticas que tuvieron protagonismo en el levantamiento indígena-popular del año pasado, que hoy se identifican con la candidatura presidencial de Yaku Pérez.
La jornada de protesta convocada para el 22 de octubre por el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y otras organizaciones populares, estuvo precedida por una campaña de mensajes en redes sociales y pronunciamientos públicos, difundidos con la clara intención que crear una atmósfera de temor en la población y de animadversión a la protesta y a sus convocantes.
Según las advertencias, el país debía prepararse para ver cómo se destruía el centro histórico de Quito y se incendiaban iglesias; se describía el advenimiento de un escenario verdaderamente pavoroso… pero nada de ello sucedió. Las manifestaciones efectuadas prácticamente en todas las provincias se desenvolvieron con absoluta tranquilidad, miles de personas expusieron su rechazo a la política gubernamental que está al servicio de los intereses de los grandes empresarios y del capital internacional y, al mismo tiempo y en contraparte, por afectar a los sectores populares. Las mismas cifras oficiales respecto del crecimiento del desempleo, la pobreza y pobreza extrema, la disminución de los ingresos de las familias trabajadoras y las perspectivas negativas al respecto, relevan la necesidad de argumentar y dan razón a los reclamos. Pero como se ve, la crisis no afecta por igual a todos, los banqueros, los grandes empresarios mantienen sus riquezas, muchos tienen hoy más ingresos y si hay entre ellos a quienes la crisis ha afectado, es en mínima proporción.
No solo abundaron los mensajes en los que se incitaba a preparar grupos de choque para defender la ciudad, también hubo acciones específicas –por parte de la Policía y el Ejército- para crear una atmósfera de inseguridad y temor. Esquinas bloqueadas con barreras y alambradas de cuchillas cortantes, calles fuertemente custodiadas por los grupos especiales de la Policía, control a los buses y pasajeros en los ingresos a Quito, despliegue de carros antimotines, control aéreo con drones y helicópteros presagiaban que algo grande y grave ocurriría. Quienes trabajaron para crear este ambiente tenso querían que «algo ocurra», para justificar una serie de acciones represivas y medidas políticas que, seguramente, las tenían en lista.
Detrás o al frente del plan actuaran fuerzas políticas reaccionarias y anticomunistas, jerarcas de la Iglesia Católica, el Gobierno y sus aparatos represivos, elementos bastante conocidos como peones de los aparatos de inteligencia estadounidense. El libreto que los guió no es nuevo, hace un año ya intentaron poner a la población en contra del levantamiento indígena-popular, cuando hicieron circular el rumor de que los manifestantes habían incendiado la iglesia de San Francisco, en Quito, suceso que nunca ocurrió. Pero la historia de apedreamientos e incendios a locales religiosos es más vieja; en los años 1960, las fuerzas anticomunistas –dirigidas por agentes de la CIA- ponían bombas en iglesias para echar la culpa a los comunistas. Esto no es invención, lo denunció Philip Agee en su libro «La CIA en Ecuador», en el que relata sus operaciones en nuestro país en esa época.
En los meses precedentes se han convocado y realizado varias acciones de protesta, convocadas por las mismas organizaciones, en ninguna de ellas se produjeron los «desmanes» que se vaticinaban. No es casual que los sectores más reaccionarios ahora hayan actuado así, y la explicación está en la coyuntura político-electoral que el país vive. No es difícil entender que al demonizar la protesta y a quienes la convocan, buscan golpear la imagen de las organizaciones populares y políticas que tuvieron protagonismo en el levantamiento indígena-popular del año pasado, que hoy se identifican con la candidatura presidencial de Yaku Pérez. Si así actúan, es porque el temor les tiene atrapados.