Javier, Paúl y Efraín no alcanzaron a contar su última historia periodística, la más importante: la que ellos vivieron en la zona de conflicto. Y es que, mientras soportaban el martirio del secuestro, otra historia igual de dramática y peligrosa se construía en Ecuador: la de las acciones gubernamentales para lograr su liberación. Y esta debe contarse completa, sin politiquería ni cálculos de ningún tipo.

Ahora la versión oficial es que en realidad el grupo de alias Guacho nunca pensó en liberarlos con vida, pero si se analizan los discursos oficiales lo que se deduce es que el gobierno impuso una política belicista y un discurso provocador a los secuestradores, antes que tomar en cuenta, en serio, la posibilidad de una salida negociada al problema.

Recordemos: El 28 de marzo, dos días de después de conocido el secuestro, el presidente Moreno dijo que daría una respuesta “contundente” a ese grupo armado, anunciando incluso que dotaría a Fuerzas Armadas, Policía e Inteligencia de nuevos equipos y “de todo aquello que necesiten para luchar contra el crimen organizado”. La salida estuvo, desde el inicio, en una acción militar para rescatarlos, y así se lo hizo notar públicamente. Existen versiones de que el desenlace trágico se debería a que Guacho se vio acorralado por intentos de rescate por la vía armada.

El discurso belicista se confirmó el 9 de abril, cuando el ministro del Interior, César Navas, según lo reporta el diario El Comercio de ese día, aseguró que no existían un proceso de negociación con los delincuentes, que lo que habría eran cuatro posibles escenarios para su liberación, aunque no explicó cuáles eran. Recién en la rueda de prensa de este 15 de abril, Navas dijo que uno de esos escenarios era el de la negociación. ¿Y los otros tres?

Esto, a pesar de que cuatro días antes, varios sectores, entre ellos la Iglesia Católica, habían pedido que se considere un canje de los periodistas por tres miembros del grupo armado, que habían sido capturados el 12 de enero por tráfico ilegal de armamento, en una operación denominada “impacto 13”, y que se encuentran recluidos en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. Según se informó, se trataría de un sobrino y el cuñado de Guacho, lo cual deja otra pregunta en el ambiente: ¿será que el grupo criminal no estuvo realmente interesado en liberar a los familiares directos de su líder, a través de un canje, y prefirieron simplemente asesinar a los periodistas?

Ahora, la versión oficial dice que sí se habría intentado dicho canje, que incluso enviaron a alias Guacho un video en el que uno de los detenidos en el CRS de Latacunga expresaba que el gobierno ecuatoriano sí estaba haciendo lo posible para liberarlos. Mostraron a los medios esa grabación, con un individuo a quien no se le ve el rostro y evidentemente nervioso, como repitiendo un libreto.

Sea como fuere, las exigencias de libertad para los tres colegas periodistas fueron creciendo en todo el país. En todas las provincias los comunicadores dejaron por un momento de contar los sucesos para movilizarse exigiendo su libertad, así como acciones e información claras por parte del gobierno.

Llegó el día trágico en que, como había venido ocurriendo se evidenció que eran los medios de comunicación colombianos los que primero se enteraban o entregaban versiones sobre el secuestro. A la cadena RCN llegaron fotografías de los que presuntamente serían los cuerpos de los tres secuestrados. El país estalló en llanto e indignación. Las exigencias de que se dijera la verdad crecieron. El presidente Moreno no tuvo más que suspender toda su agenda y regresar de Lima donde asistía a la Cumbre de las Américas, para en un tono nervioso no confirmar nada, solo expresar más amenazas: “Vamos a darles la lucha en el escenario que ellos han escogido, en el campo que ellos han escogido y los vamos a derrotar”, y agregó lo del famoso plazo de 12 horas para que los secuestradores hagan llegar pruebas de vida de los periodistas, porque si no emprendería en un ataque “contundente” en la frontera.

Las preguntas obvias surgieron: ¿cómo amenaza con atacar a los secuestradores si hasta ese momento aún existía la posibilidad, aunque reducida, de que estuvieran vivos? ¿Qué había hecho exactamente, en el plano de la negociación, para intentar el canje propuesto por la Iglesia y otros sectores? Aunque se ha ordenado desclasificar la información, es solo una parte a la que se ha tenido acceso, Navas ha dicho que lo demás es información aún reservada porque sigue un proceso legal. Y tal vez la pregunta más complicada: ¿estaba preparado Ecuador para una declaratoria de guerra irregular como la que estaba haciendo el mandatario en ese momento?

Las autoridades policiales reconocen que el grupo criminal es numeroso, está estructurado y bien armado. Las FARC han negado, desde octubre del año pasado, que Guacho haya formado parte de sus filas, y así lo ratificaría la ONU; afirman que era integrante de las fuerzas paramilitares. Ahora se conoce que tendría nexos con carteles mexicanos.

Y no solo se trata de si estamos preparados militarmente para ello, sino, sobre todo, ¿está la sociedad ecuatoriana preparada para enfrentar una situación de violencia que países como Colombia e incluso México han sufrido y no terminan de salir de ella? Es un conflicto que no le pertenece al Ecuador, es responsabilidad del gobierno colombiano, por tanto, el trato con el presidente Santos no debería ser de pedirle que por favor apoye, sino de exigirle que responda por la situación que vive la frontera con estos grupos. Y de ningún modo se puede permitir que se siga hablando de la posibilidad de que se reinstale una base militar norteamericana o una colombiana en nuestro territorio, pues sería volver a una etapa de violación de la soberanía que ya había sido superada después de la salida de la Base de Manta.

¿Está en capacidad política el gobierno actual de enfrentar en el plano estratégico ese reto? Es un gobierno envuelto en una crisis económica compleja, y que ha perdido credibilidad y respaldo popular de forma acelerada.

En homenaje a los tres asesinados la verdad debe salir a flote. Y si tienen que salir de sus cargos autoridades que actuaron con negligencia en este tema, ello debe ocurrir ya. Uno de los familiares de los periodistas ha declarado su insatisfacción a medios internacionales, por cómo se llevaron adelante las operaciones, incluso pide que se forme una comisión independiente para que investigue cómo se operó. Es lo mínimo que les debe el Estado ecuatoriano a los familiares y al país entero: transparencia.

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