Por: Paúl Jácome Segovia*.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los hechos de Octubre de 2019, incomodó a las altas esferas del Estado, al Presidente Moreno, a los ministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, a los grupos de poder económico, a los grandes medios de comunicación y a la derecha ecuatoriana, quienes han expresado una colérica y descontrolada reacción frente a sus conclusiones y recomendaciones; no es para menos, pues los organismos internacionales dejan mal parado al Ecuador en materia de derechos humanos.

Los organismos internacionales han sido contundentes a la hora de responsabilizar al Estado y al Gobierno de Moreno por  el uso excesivo e innecesario de la fuerza, que dejó el trágico saldo, la pérdida de alrededor de una  decena vidas, cientos de heridos y varios manifestantes mutilados sus rostros, sin contar con los detenidos arbitrariamente y los que fueron desaparecidos y torturados temporalmente; este comportamiento del Estado y sus fuerzas represivas ha ido más allá de los límites de la razón. Pero no faltaba más,  las fuerzas políticas y económicas que se agrupan alrededor del Fondo Monetario Internacional, se han dado a la ingrata tarea, de buscar los medios para tejer un manto de impunidad y evitar así que el Ecuador asuma la responsabilidad de esclarecer las muertes violentas que se produjeron en el contexto de octubre.

La estrategia de estos grupos, apuntan a una sostenida campaña mediática,  para deslegitimar el Informe elaborado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE), que de no haber actuado como lo hizo, seguramente las cifras de las víctimas hubiesen sido escondidas. Lamentablemente una universidad privada, se ha convertido en el alfil político, jugando el triste papel de ponerse como la abanderada de la impunidad, al presentar una supuesta investigación, en la que pone en tela de dudas el número de fallecidos, con el objeto de convertir  un presunto “error estadístico”, en la piedra angular de la impunidad ansiada que busca el Gobierno y sus corifeos.

Los muertos de las jornadas de octubre no son una ficción,  el dolor de sus familiares no son una entelequia, son una realidad, una lamentable y penosa realidad, son el producto de la brutal represión militar y policial, del autoritarismo de un gobierno que impuso a sangre y fuego  un paquetazo de medidas económicas antipopulares, ordenado por el FMI. 

Los muertos de octubre no pueden quedar en la impunidad, debe el Ecuador asumir con prontitud los mecanismos de reparación integral a los deudos, y,  le obliga a determinar las sanciones para los responsables de estos lamentables hechos.

Los muertos de octubre deben servir como memoria, para que el Estado ecuatoriano entienda que las demandas sociales no se pueden resolver con más represión, con más dinero estatal para la policía y fuerzas armadas, con más bombas, fusiles, con más “armas no letales”, mismas que se convirtieron en letales,  con la inútil  campaña de implementación del miedo;  el Gobierno se equivoca, si piensa que con estas acciones logrará  acallar la voz de los pueblos.

Las organizaciones sociales, populares y colectivos de derechos humanos, deben juntar sus voces y rechazar enérgicamente esta arremetida que intenta tergiversar la realidad y construir una nueva verdad de las víctimas del paro, en base del infundio, a las calumnias, a discursos racistas, xenófobos, en algunos casos hasta fascistas. Para evitar este camino de impunidad debemos promover y respaldar los informes emitidos por la DPE, CIDH y ONU, que responsabilizan al Estado de las violaciones a los derechos humanos y exige brinde las garantías para el ejercicio de la protesta social y la vida de los manifestantes, de quienes han ejercido el derecho a defender derechos.

Febrero 3/ 2020

*Representante del Colectivo de Derechos Humanos Kinti Ñan.