Por Francisco Escandón.
La evasión judicial de Fernando Alvarado, cabeza de zapato, constituye una vergüenza para las instituciones estatales y con ello se profundiza la crisis política que sacude al Ecuador hace más de un año.
No es posible superar esa crisis, cuando se mantiene aún la impunidad de los delincuentes que gobernaron el Ecuador, mientras que la cirugía mayor a la corrupción no rebasa los límites de las promesas de un gobierno débil como el de Moreno.
La autoridad del régimen está menoscabada, porque dentro de la administración actual algunos funcionarios nombrados por sí mismo, actúan como alfiles del correísmo al cumplir órdenes dispuestas desde Bélgica. De allí que la fuga de Alvarado sugiere suponer un complot de algunas autoridades judiciales y gubernamentales que responden a los intereses de Correa.
No es casual que la justicia determine medidas sustitutivas, como el uso de grillete electrónico, sin considerar las advertencias de desperfectos técnicos y la carencia de vigilancia efectiva a los procesados que portaban ese dispositivo en su tobillo. Tampoco es justificable la negligencia del Ministerio de Justicia y otras instituciones que no alertaron y actuaron frente a las más de 300 manipulaciones del dispositivo usado por Alvarado, incluso las investigaciones sugieren que el grillete fue desprendido sin romperlo. Es preocupante que la fuga se haya conocido por un cínico mensaje de Alvarado, antes que por alerta emitida por el Ministerio del Interior. ¿Puede alguien dudar que encubrieron la evasión?
Cabeza de zapato fue parte del círculo de confianza de Rafael. Él y su clan familiar gozaron de puestos burocráticos, inmunidad legal y contratos millonarios durante el correísmo. Alvarado es una pieza clave de la mafia que gobernó la década anterior, tiene información clave que incriminaría a Correa en nuevos delitos. Por eso huyó de la justicia, porque no está dispuesto a renunciar a sus privilegios y a pagar sus delitos; y ahora condiciona su silencio, a cambio de libertad y un supuesto asilo político.
Las respuestas del régimen son insuficientes (solicitud alerta de Interpol, impedir salida de funcionarios correístas imputados, destitución de mandos medios del gobierno, pericias a los grilletes). El chiste se cuenta solo, mientras Moreno renueva sus votos de combatir la corrupción, recicla a confesos defensores de Rafael en su gobierno.
Las mayorías reclaman la detención inmediata de Alvarado y la purga estatal de las instituciones, exigen destituir y judicializar a los funcionarios involucrados en la complicidad delictiva. El país demanda el cumplimiento del mandato de la Consulta Popular.
Si Moreno convive con la impunidad, tolerando la corrupción y sin romper el cordón umbilical con el correísmo, ni siquiera será un débil gobierno de transición entregado a los monopolios, será la continuidad de la infamia.