Por Ab. Estefanía Paredes
El gobierno está ahogándonos con sus medidas económicas, al tiempo que la corrupción no ha cesado. No es algo sólo de los últimos diez años, sino que todavía forma parte del día a día de los ecuatorianos. Vivimos en la incertidumbre: los trabajadores programan sus gastos en base a su sueldo, y las instituciones financieras otorgan préstamos según la estabilidad laboral, cosa que ya es una utopía en el sector público.
Hace pocos días, los medios de comunicación publicaron las posibles medidas económicas que el gobierno ecuatoriano ejecutará en 2019. Entre ellas se encontraban: desaparecer los contratos de servicios ocasionales que no se encontraban ocupando las instituciones públicas; la disminución remunerativa del 5% a algunos funcionarios de nivel jerárquico superior; y la reducción de dos escalas salariales a 700.000 funcionarios públicos que se encuentran bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales.
El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, argumentó que varios de los contratos ocasionales habían sido firmados “a dedo”, por lo que no se realizará un análisis de cada caso, como se había anunciado en un principio, sino que se procederán a aplicar las reducciones con carácter general. Es decir, aquellos trabajadores que sí cuentan con el perfil, la experiencia y los estudios necesarios para su ocupación, también serán víctimas de esta rebaja salarial. Como coartada para justificar estos recortes se ha utilizado el discurso del “mal manejo económico” durante los últimos diez años, algo a lo que nos han venido acostumbrando para disculpar todas las medidas económicas antipopulares que está tomando el actual gobierno.
Si examinamos la Constitución de la República del Ecuador, descubrimos que “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respecto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas (…)” (Art. 33). ¿Está el Estado realmente respetando los derechos de los trabajadores bajo contratos de servicios ocasionales? Claramente, no. El Estado es el empleador que no se le desea ni a su peor enemigo. En la actualidad, funge como un patrón que persigue a sus trabajadores y aplica aquello de que nadie es indispensable, para que el servidor acepte cualquier término y condición laboral ante el temor al desempleo. La dignidad de los trabajadores ha quedado, solo, en lindas palabras constitucionales, porque ¿cómo podemos generarla si no se respetan los derechos laborales y económicos de las personas?
El gobierno está ahogándonos con sus medidas económicas, al tiempo que la corrupción no ha cesado. No es algo sólo de los últimos diez años, sino que todavía forma parte del día a día de los ecuatorianos. Vivimos en la incertidumbre: los trabajadores programan sus gastos en base al sueldo que perciben, y las instituciones financieras otorgan préstamos según la capacidad de endeudamiento y estabilidad laboral, cosa que ya se ha convertido en una utopía en el sector público.
Sin duda, existió un crecimiento desmedido del aparataje estatal, sin una programación a futuro, y ahora estamos viviendo las consecuencias. Pero ello no sirve como pretexto para que el gobierno se ponga una venda y desconozca los derechos constitucionales de los trabajadores, sembrando de empobrecimiento a la ciudadanía. ¿Con qué discurso el Estado podrá, ahora, exigir el respeto laboral a las empresas privadas si él tampoco aplica la normativa a cabalidad? Se están atropellando todo tipo de leyes y principios jurídicos para salir del apuro de las malas cuentas, en un claro bucle de final trágico.
RedKapari.