Por Econ. Marco Flores T.
En diciembre de 2023 la deuda del sector público registró un saldo por pagar de USD 83.909 millones de dólares, 70,2 % del PIB. Solo al Presupuesto del Estado (PGE) le corresponde pagar USD 76.272 millones, 63,8 % del PIB. Según la proforma 2024 el gobierno prevé incrementar la deuda del PGE en al menos USD 6.149 millones.
El año 2024 por amortizaciones de capital e intereses de deuda pública el PGE debe pagar USD 8.472 millones. Pero también debe pagar otras obligaciones acumuladas (atrasos) por USD 9.754 millones. Es decir, se requiere financiar 18.226 millones de dólares que con severas incertidumbres el Ministro de Finanzas propone hacerlo con más deuda, atrasos en los pagos, déficit fiscal y subejecución del presupuesto.
Claramente Ecuador ha acumulado una deuda pública no sostenible. Su presión fiscal el próximo año solo puede ser calificada de brutal por su capacidad destructiva. Si continúa la misma conducción de la economía su pago seguirá liquidando la inversión del Gobierno Central porque absorbe recursos que deberían destinarse al gasto en salud, educación, seguridad ciudadana, administración de justicia y obra pública. El pago de deuda pública es tan grande que el PGE simplemente no alcanza a atenderlo.
No obstante, Noboa anuncia deuda adicional por USD 3.000 millones con el FMI al que Ecuador ya adeuda 8.000 millones. Pero, cuando el gobierno contrata deuda, debe asegurarse que las condiciones del endeudamiento no destruyan el gasto ni la paz sociales. En Ecuador, curiosamente, desde la época de Moreno, el gobierno no solo celebra cada nuevo endeudamiento sino que lo asume como un éxito de su gestión. Lo real es que como la deuda hay que pagarla el endeudamiento excesivo destruye las posibilidades de progreso de la mayoría ecuatorianos.
Independientemente de la alta afectación social que trae la receta del FMI, la deuda del PGE significa un saldo de obligaciones por pagar tan colosal e insostenible que impide una inversión pública sostenida para impulsar crecimiento económico con empleo, reducir pobreza y atender con algo de calidad los servicios públicos a las personas pobres y de menores ingresos. Para cumplir con el pago de obligaciones al IESS, proveedores y GADs.
Ecuador no resiste más impuestos ni es admisible la entrega a privados de principales activos del Estado. Tampoco puede continuar la destrucción de los servicios públicos. El incremento alucinante de la deuda pública y el precario crecimiento económico solo aseguran retraso y pobreza. Solo es cuestión de tiempo la crisis de la deuda pública ecuatoriana.
Desde hace siete años la conducción de la economía sigue siendo contraria al Bien Común. La situación de la mayoría de los ecuatorianos y sus posibilidades de progreso, hacen evidente que solo se gobierna para las élites económicas y políticas que controlan el país.
Marzo de 2024