Por Remo Cornejo Luque
La vergonzosa sesión del CNE este 20 de mayo no solo desnudó el entreguismo de la presidencia del organismo, sino que expuso la indignidad y la falta de personalidad de los consejeros principales: José Cabrera, Enrique Pita y Esthela Acero.
A sabiendas de la ilegalidad del proceso, de la flagrante preclusión de los plazos y de la inviabilidad jurídica de proscribir a Unidad Popular, estos funcionarios optaron por la vía de la cobardía: no dieron la cara y dejaron el camino libre para que sus suplentes ejecutaran la orden del Ejecutivo.
En esta componenda, el rol ruin de la presidenta Diana Atamaint y del consejero suplente Merino operó como la punta de lanza de una estrategia venenosa y odiosa. Ambos se prestaron sin escrúpulos para encabezar el asalto a la legalidad, destilando un revanchismo político que busca congraciarse con el poder de turno a costa de destruir la institucionalidad electoral. Cabe preguntarse si los consejeros principales, tras esconderse detrás de estos operadores arrodillados, conservan un mínimo de decencia o «sangre en la cara» para volver a actuar y dirigir un proceso electoral. Su ausencia estratégica en el Pleno no los exime de culpa; al contrario, su silencio los convierte en cómplices directos del golpe al régimen democrático. Pretender regresar a sus despachos, luego de tamaña violación constitucional, a fungir de árbitros imparciales es un insulto a la inteligencia del país; el fraude también se consuma por omisión y cobardía.
Esta componenda deja una certeza absoluta de cara al futuro inmediato del país: con este CNE prorrogado, entreguista y carente de toda ética, no existe ninguna garantía para que se realicen procesos democráticos transparentes y limpios. Un organismo electoral que actúa como sucursal del Ejecutivo es un peligro para la democracia; por ello, la salida de Diana Atamaint y la renovación inmediata del CNE se vuelve una exigencia impostergable para los trabajadores y pueblos.
Pero esta mancillación del CNE no es el fin de la historia. La defensa de la democracia y del derecho constitucional a la participación política se traslada de inmediato a una doble trinchera jurídica y de movilización. Unidad Popular agotará todas las acciones legales pertinentes mediante la interposición de recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), instancia encargada de revisar y echar abajo las groseras violaciones al debido proceso y el forzamiento de mayorías con vocales suplentes. De igual forma se activarán de manera urgente las denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la comunidad global, evidenciando ante el mundo cómo el Estado ecuatoriano persigue a la oposición organizada bajo argucias ilegítimas.
Podrán arrebatar una personería en el CNE, mediante maniobras de pasillo y consejeros genuflexos, pero la militancia y el proyecto histórico de Unidad Popular permanecen vivos. El veredicto final no se escribe en los escritorios virtuales de una mayoría «camisetera» y de alfombra morada; se define en la resistencia legal y en las calles junto al pueblo organizado.
La historia sabrá ubicar a cada quien en el lugar que les corresponde, a Diana Atamaint y su séquito, de seguro, se ubicarán en el basurero de la historia