Redacción Opción
La Unidad Popular presentó una tercera demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad. La delegación estuvo encabezada por Geovanni Atarihuana, Natcha Rojas miembros de la direcciona nacional de Unidad Popular, junto con Lilina Silva, concejal de Santo Domingo de los Tsáchilas y Wilmer Gonzáles, concejal de Jipijapa.
“Estamos presentando esta demanda contras reformas al Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, lo hacemos por el fondo y la forma pues el gobierno de Daniel Noboa no ha justificado ninguna urgencia económica y esta atentando contra la autonomía de los gobiernos descentralizados, adicionalmente hay una vulneración de los derechos de la población, por tanto, solicitaremos medidas cautelares para que suspenda la medida de manera inmediata, señaló Geovanni Atarihiana.
“Daniel Noboa no hace obras ni deja hacer”, y está poniendo en riesgo los derechos de la población en todo el Ecuador, poque le está quitando fondos a las prefecturas, a los municipios y juntas parroquiales y anunció que sumaran a la movilización convocada por las organizaciones sociales el día 13 de marzo en todo el país.
Liliana Silva, señaló que es fundamenta defender los derechos de los pueblos de los cantones y parroquias, pues el gobierno pretende borrar más de mil millones que adeuda a los GAD. Hay varios municipios pequeños que viven casi exclusivamente de esos recursos por concepto de equidad territorial y la devolución del IVA, afectando a los proyectos de inversión social, como deporte, arte cultura, mujeres violentadas, atención a niños (Santo Domingo son ceca de mil niños). Añadió que incluso en obra pública como asfaltado o adoquinado masivo, habría dificultades porque allí también que contratar obreros y personal para que trabaje
Natacha Rojas, añadió que la norma tiene que ver con los compromisos que el gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional, para el pago de la deuda externa, para ello quiere quedarse con los mil millones de dólares que dejaría de pagar a los GAD.
En las demandas se ha puesto énfasis también en que la autonomía se vería afectada y el gobierno tendría un mecanismo de control financiero y político hacia los GAD. La ley establece recortes y sanciones, obliga a los GAD, están obligados a presentar reportes trimestrales de ejecución presupuestaria. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo puede aplicar reducciones económicas previstas en la Constitución, que oscilan entre el 30% y el 50% del presupuesto institucional.
Esta demanda se suma a la presentada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), la Federación de Barrios de Quito y el Frente Popular.