Por Annabell Guerrero Pita*
En las actuales condiciones, es difícil sostener que el adelanto de las elecciones sea una decisión autónoma del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para el país resulta evidente que esta medida se gestó en Carondelet y fue ejecutada por una mayoría de vocales que actúan siguiendo un guion político, intentando revestir de legalidad lo que, en el fondo, constituye una alteración de las reglas del juego democrático.
La falta de independencia del CNE frente al poder de turno no es nueva. Sin embargo, adelantar el calendario electoral bajo el argumento de una presunta intensidad de lluvias por el Fenómeno de El Niño, con once meses de anticipación, resulta débil desde el punto de vista técnico y cuestionable desde el marco Constitucional y legal, una contienda electoral exige certeza, estabilidad y previsibilidad en las reglas.
Cambiar las fechas de elecciones impacta directamente en el derecho a la participación política y en la posibilidad de que las organizaciones políticas y la ciudadanía se preparen en condiciones adecuadas. Y cuando esta decisión coincide con procesos acelerados y cuestionables de ilegalización de organizaciones políticas como Unidad Popular y Construye, además de la suspensión de la Revolución Ciudadana, se advierte una estrategia, el control total del proceso electoral.
Unidad Popular, por ejemplo, es una organización que tiene presencia territorial y una trayectoria vinculada a sectores populares. Además, ha sido una de las voces más críticas frente al gobierno de Daniel Noboa, denunciando tanto el debilitamiento del sistema de salud pública como las vulneraciones de derechos humanos en el contexto del denominado conflicto armado interno. Ese tipo de posicionamiento incómoda al poder.
A esto se suma la permisividad del CNE frente a hechos que debieron ser objeto de control: la falta de licencia del presidente Noboa para hacer campaña en las elecciones del 2025, la campaña anticipada y el uso de recursos públicos. Un hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral ejerce funciones como cónsul en Queens, Estados Unidos, lo que evidencia un conflicto de interés.
El gobierno de Noboa enfrenta un desgaste evidente, un retroceso en la garantía de derechos básicos, promesas incumplidas en materia de seguridad, un incremento sostenido de la violencia, cerramos el 2025 con más de 9.200 muertes violentas. Ecuador hoy figura entre los países más violentos de la región.
El sistema de salud pública atraviesa una crisis estructural, falta de medicamentos, insumos, personal y atención oportuna. A esto se suman problemas energéticos que ya anticipan nuevos apagones. En este escenario, el adelanto de elecciones no puede leerse de forma aislada. Responde también a una lógica política de acortar tiempos frente al desgaste y llegar a un proceso electoral con una oposición prácticamente anulada.
No estamos únicamente ante un escenario de elecciones adelantadas, se trata de cómo, cuándo y en qué condiciones se convoca a la ciudadanía a votar. Y ahí es donde la democracia deja de ser únicamente un procedimiento y empieza a ponerse en riesgo como garantía real de participación y representación.
*Abogada, constitucionalista, defensora de los Derechos Humanos.