Redacción Opción
La proforma presupuestaria para 2027, enviada por el Gobierno a la Asamblea Nacional y aprobada en tiempo récord durante los días de feriado, contempla un recorte del 50% en los fondos de inversión destinados a las universidades y escuelas politécnicas públicas. Los recursos pasan de 290 millones de dólares a apenas 142 millones.
Este nuevo golpe a la educación superior evidencia, una vez más, la política antipopular del gobierno de Daniel Noboa. La construcción de aulas, laboratorios y la ejecución de diversos proyectos de infraestructura y desarrollo académico se paralizarán por falta de recursos, afectando las condiciones y la calidad de la educación de miles de jóvenes.
Arrebatar a las universidades públicas más de 148 millones de dólares —un recorte superior al 50%— no responde a la supuesta eficiencia fiscal, sino a una política neoliberal que busca asfixiar financieramente a las instituciones públicas de educación superior. Su propósito es mercantilizar el conocimiento, obligar a las universidades a depender de la autogestión y del cobro de servicios, y abrir paso a la privatización de la educación, condenando a miles de jóvenes de los sectores populares a la exclusión.
El Presupuesto General del Estado crece en el papel alrededor de 3.000 millones de dólares; sin embargo, en los hechos, los recursos destinados a educación y salud se reducen.
Cabe preguntarse: ¿a dónde van esos recursos? Una parte se destina al pago de la deuda externa, que para 2027 supera los 13.000 millones de dólares; otra, a cubrir las consecuencias de escándalos de corrupción, como el caso Progen, en el que se comprometieron 240 millones de dólares de recursos publicos; mientras tanto, se mantienen los privilegios de los grandes grupos económicos que evaden o eluden sus obligaciones tributarias.
Miles de jóvenes que no podrán acceder a la educación superior verán limitadas sus oportunidades de desarrollo y estarán más expuestos a la informalidad laboral, la precariedad y el reclutamiento por parte del crimen organizado.
Al negar los recursos necesarios para garantizar la educación, el gobierno de Noboa vulnera un derecho humano fundamental. Su gestión, marcada por la incapacidad y la insensibilidad social, ratifica su desprecio por el desarrollo nacional y el bienestar de la población. Una vez más, ejerce el poder en beneficio de los intereses económicos de los grupos oligárquicos y sus aliados, mientras sacrifica el futuro de la juventud ecuatoriana.
