Por Lcdo. Jorge A. Cabrera Espinoza, Mgs.
Machala
Farfán, Rugel y Ruiz y miles de asesinados: una tragedia y un Estado que no logra proteger la vida.
Hay dolores que no caben en un comunicado. Hay ausencias que ningún discurso presidencial puede justificar y hay noches en las que un país entero debería sentir vergüenza de quienes tienen la obligación de protegerlo.
Huaquillas está de luto. Farfán, Rugel y Ruiz ya no volverán a casa. Tres vidas arrebatadas por la violencia, tres familias condenadas a convivir con una ausencia irreparable y una sociedad que vuelve a preguntarse cuánto más debe soportar antes de que el Estado cumpla con su obligación elemental: garantizar la vida.
A sus familiares, nuestra solidaridad más profunda. No existen palabras suficientes para aliviar el dolor de una madre, de unos hijos o de una familia que ha visto cómo la muerte irrumpe brutalmente en su hogar. Exigimos verdad, investigación y justicia. Que sus nombres no terminen sepultados bajo la indiferencia burocrática ni convertidos en una estadística más de este país ensangrentado.
Pero también hay que decirlo sin rodeos: el Gobierno de Daniel Noboa tiene una enorme responsabilidad política frente al fracaso de la seguridad nacional.
Nos vendieron el Plan Fénix como si fuera la fórmula milagrosa para recuperar el país. Nos inundaron de discursos sobre guerras, operativos, mano dura y enemigos por derrotar. ¡Cuánta verborrea desde el poder y cuánta indefensión en las calles! Mientras el presidente multiplica sus declaraciones de combate a la delincuencia, los ecuatorianos siguen contando extorsionados, secuestrados y asesinados.
¿Dónde está el famoso Plan Fénix? ¿Dónde están los resultados que prometieron? ¿De qué sirven tantos discursos si la gente continúa viviendo con miedo?
La seguridad no se construye con propaganda ni con bravuconadas presidenciales. Se construye protegiendo vidas, desarticulando organizaciones criminales, fortaleciendo la justicia y garantizando que los ciudadanos puedan trabajar, caminar y regresar a sus hogares sin sentir que están jugando a la ruleta rusa.
Tenemos un Gobierno que parece tener más facilidad para confrontar al pueblo que para ofrecer respuestas eficaces frente a los delincuentes. Mucha arrogancia para responder a quienes protestan y demasiadas explicaciones cuando la ciudadanía exige seguridad. Muy valientes para amenazar con el poder del Estado a quienes reclaman sus derechos, pero los resultados frente al crimen organizado siguen siendo la gran deuda nacional.
Y mientras tanto, el descontento crece. La confianza se desgasta. Los ecuatorianos están cansados de las promesas, de la improvisación y de un poder que parece confundir gobernar con imponer. Noboa debe entender que la Presidencia no es una hacienda personal ni el Ecuador un cuartel donde todos deban obedecer y callar. La autoridad democrática no se demuestra intimidando al pueblo, sino respondiendo ante él.
Este asesinato tiene, además, una dimensión que no podemos ignorar: la violencia política.
En un proceso electoral deben confrontarse ideas, programas, trayectorias y propuestas, jamás eliminar adversarios mediante las balas. Ninguna candidatura, ninguna organización política y ninguna diferencia ideológica justifican un crimen. Cuando la violencia pretende desaparecer a quienes participan en la contienda democrática, no solamente asesina personas: intenta asesinar también la libertad de un pueblo para elegir, disentir y organizarse.
No podemos permitir que el miedo se convierta en árbitro electoral ni que los fusiles pretendan ocupar el lugar de las urnas.
¡Los adversarios políticos se derrotan con argumentos y votos, no con disparos!
Hay que defender el derecho de todos a participar: en política, en la cultura, en el deporte, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y en cualquier espacio de la vida colectiva. Nadie debe renunciar a sus ideas por temor a una amenaza. Nadie debe abandonar las calles, las plazas o las organizaciones populares porque la violencia pretenda imponer su ley.
El pueblo debe perderle el miedo a participar, a organizarse y a exigir sus derechos. No para exponerse irresponsablemente al peligro, sino para defender, mediante la organización democrática y la movilización, una sociedad donde vivir no sea una hazaña y reclamar no sea un delito.
Porque resulta profundamente perverso que quienes exigen seguridad tengan que cuidarse también de los abusos del poder. Que quienes reclaman educación, salud, trabajo y paz sean tratados como enemigos, mientras las familias siguen esperando respuestas frente a la criminalidad.
¡Basta de gobernar con arrogancia y administrar el miedo!
Farfán, Rugel y Ruiz merecen justicia. Sus familias merecen verdad. Huaquillas merece vivir sin miedo. Y el Ecuador merece un gobierno que entienda que su primera obligación no es defender su imagen, sino defender la vida.
Que nadie instrumentalice esta tragedia, pero que tampoco nadie pretenda silenciarla. Que la indignación se transforme en conciencia, que la solidaridad se convierta en organización y que la memoria se levante contra la impunidad.
Porque un gobierno que no puede garantizar la vida de su pueblo no tiene derecho a exigirle silencio. Y un pueblo que pierde el miedo a defender sus derechos jamás debería renunciar a la esperanza de conquistar una verdadera democracia.
¡CONDENA ABSOLUTA A LA VIOLENCIA POLÍTICA!
¡LA VIDA NO SE NEGOCIA, LA DEMOCRACIA NO SE INTIMIDA Y LA DIGNIDAD DE UN PUEBLO NO SE SOMETE!
10 de Noviembre del 2026
Foto de portada: Naranjal al día