Campaña electoral: un plebiscito contra la crisis, la corrupción y el continuismo

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Por Remo Cornejo Luque

Oficialmente arrancó la campaña electoral el 12 de noviembre en medio de una profunda crisis económica, política y social. Mientras el oficialismo intenta sostenerse mediante bonos, pauta en redes sociales, vacancias legislativas y un nuevo Estado de Excepción en ocho provincias, la realidad nacional evidencia un grave deterioro de las condiciones de vida de la población.

La aprobación del Presupuesto General del Estado para 2027 confirma recortes a la inversión universitaria, provocando el rechazo estudiantil, y golpea directamente a la salud pública con reducciones en rubros sensibles como salarios del personal y compra de medicinas —pese a que hasta octubre de 2026 el Ministerio de Salud apenas ejecutó el 41 % de sus recursos, dejando a los hospitales en el desabastecimiento—. A ello se suma un endeudamiento récord de 13.843 millones de dólares —financiado principalmente con bonos colocados en el IESS— y una caída de la producción petrolera a 448.000 barriles diarios que golpea los ingresos fiscales. Paralelamente, las lluvias dejan más de 77.500 damnificados sin respuestas oportunas, mientras la corrupción que carcome al gobierno de Daniel Noboa profundiza la indignación popular y el Ejecutivo recurre a denuncias de conspiración para golpear a la oposición y desviar la atención.

Frente a este descontento —alimentado por la crisis económica y los casos de corrupción que desacreditan al régimen—, las movilizaciones del 15 de noviembre en Guayaquil y Quito marcaron un punto de quiebre donde resonó con mayor fuerza la consigna «¡Fuera Noboa, fuera!». En ese escenario, las próximas elecciones deben convertirse en un verdadero plebiscito contra el gobierno. Los trabajadores y pueblos van a rechazar en las urnas a las listas de ADN en todo el país y a respaldar a los sectores de izquierda y a Unidad Popular (Lista 2), fuerzas que iniciaron la contienda con actos masivos, candidaturas unitarias y un firme trabajo territorial para capitalizar el voto inconforme.

Asimismo, resulta fundamental recuperar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para impedir que siga operando como un apéndice de los gobiernos de turno y garantice una verdadera fiscalización frente a la impunidad. Destaca como carta clave en hombres el abogado Gustavo Reyes Encalada (casillero 34), junto a Isabela Barreiro (casillero 4), Gisela Jiménez (casillero 12) y Pilar Calderón (casillero 16) en mujeres, recordando que cada elector puede votar por las tres candidatas.

Finalmente, la disputa electoral exige movilización social. Los sectores populares demandan que el Salario Básico Unificado de 2027 alcance la Canasta Vital (607,98 dólares) y convocan a fortalecer la jornada nacional del 25 de noviembre, reafirmando en las calles y en las urnas el rechazo al régimen.

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