Por Alonzo Cueva Rojas
La tragedia de Cantzama ha calado hondo en el corazón de nuestra provincia y ha despertado una oleada de inmensa solidaridad en todo el Ecuador. El dolor por la desaparición de seis de nuestros conciudadanos es un duelo compartido; una herida abierta que une a un país entero en un clamor de esperanza y apoyo hacia sus familias. Sin embargo, mientras la ciudadanía se ha volcado en empatía, las estructuras del Estado central parecen marchar en la dirección opuesta, entrampadas en la frialdad de los reglamentos y la indolencia de la burocracia.
Entre las seis personas que continúan desaparecidas se encuentran la Gobernadora de la provincia, el policía responsable de su seguridad y una servidora del equipo de comunicación institucional. Tras meses de dolorosa incertidumbre, el calvario de sus allegados amenaza con agravarse debido a supuestos intentos institucionales de aplicar sanciones administrativas. En los pasillos del sector público corren rumores sobre supuestas intenciones de tramitar sumarios y bajas por «inasistencia o abandono del cargo», al haber superado los tres días laborables de ausencia.
Desde el análisis político y social, semejante despropósito técnico no solo constituiría una aberración jurídica, sino una flagrante crueldad humana. El abandono de funciones exige dolo o negligencia; pretender castigar administrativamente a servidores públicos atrapados por un aluvión mientras cumplían con su deber es confundir la fuerza mayor con una falta disciplinaria. Si estos supuestos intentos se consolidaran, las consecuencias económicas serían devastadoras: al registrarse como desvinculaciones sancionatorias, las familias perderían el derecho a seguros de vida, indemnizaciones por fallecimiento en actos de servicio y las pensiones de montepío ante el IESS o el ISSPOL.
Esta amenaza laboral agrava la crisis de las seis familias afectadas, quienes incluso estarían enfrentando un severo bloqueo patrimonial. Al no existir una constancia física de los fallecimientos, las cuentas bancarias de los desaparecidos permanecen congeladas y sus bienes inmovilizados, forzando un compás de espera de seis meses que se cumpliría en enero de 2027 para activar el juicio de muerte presunta por siniestro contemplado en el Código Civil.
La salida legal para el Gobierno Central es clara y no requiere degradar el honor de las víctimas. El presidente de la República puede emitir un Decreto Ejecutivo de cesación de funciones de la Gobernadora por causa de fuerza mayor, resguardando intactos los derechos de sus herederos. Del mismo modo, las Unidades de Talento Humano deben congelar los puestos de la comunicadora y el policía mediante resoluciones de suspensión por caso fortuito, avaladas por los informes técnicos del COE Provincial y de la Fiscalía.
Ante la falta de criterio de los mandos medios del Ejecutivo, los Asambleístas por Zamora Chinchipe tienen la obligación ética y política de actuar con urgencia. No pueden ser meros observadores de la desgracia de sus coterráneos. Es imperativo que gestionen en el Pleno de la Asamblea Nacional un Proyecto de Resolución de Interés Nacional que ordene detener cualquier proceso sancionatorio, convoque a las autoridades laborales y de seguridad a rendir cuentas, y establezca mesas técnicas de contingencia económica para las familias de los seis desaparecidos.
El Estado no puede castigar a quienes lo sirvieron hasta el último instante, ni dar la espalda a los ciudadanos atrapados por la fuerza de la naturaleza. Proteger a los hogares golpeados por la tragedia de Cantzama es un acto mínimo de estricta justicia, dignidad y decencia institucional que Zamora Chinchipe y el país entero exigen sin dilaciones.
Foto Diario Crónica