Por Jaime Chuchuca Serrano
Según Forbes, el precio de la tonelada de cobre llegó a 11.000 dólares en mayo. Las mineras y bancos se friegan las manos. El gobierno confundió el día del liberalismo con el día del neoliberalismo, y el 5 de junio de este año, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa australiana SolGold, firmaron un contrato de explotación minera subterránea a gran escala, en Cascabel, cantón Ibarra, parroquia Lita. Asistieron a la firma, Diego Ocampo, viceministro, y el presidente de la empresa, Scott Caldwell. Como los contratos de la era petrolera, los de la época minera, esconden lo medular ante la ciudadanía.
El proyecto minero Cascabel abarca 4.979 hectáreas, ricas en cobre, oro y plata. Es la sexta mina más grande de cobre en el mundo, la tercera en oro y una de las más grandes en plata. Solo en cobre, el Ministerio estima 3,2 millones de toneladas, la empresa dice que son 10,9 millones de toneladas; o incluso podría ser más. El gobierno anunció con bombos y platillos que el proyecto dejará 6.700 millones de dólares en impuestos y 1.611 millones en regalías para el Estado en 28 años. Estos dos rubros, suman 8.311 millones USD. Si por lo bajo, las reservas de cobre suman 35 mil 200 millones de dólares, quiere decir que el Estado recibirá solamente el 23,61% de todo este dinero. Por tanto, el contrato es injusto para el país, por lo que se presumen coimas a los funcionarios.
El gobierno se ha escusado diciendo que también hay una inversión de 4.700 millones de dólares en 28 años, es decir, 167,86 millones por año, el 13,35% del precio del cobre. Por consiguiente, la empresa tendría ganancias del 63,04% del precio total del cobre, más de 22 mil 190 millones de dólares. A lo que hay que sumar el precio de los 9,4 millones de onzas de oro (2.376 USD la onza) y 28 millones de onzas de plata (31 USD la onza), más de 23 mil 202 millones de dólares.
A todas luces, este negocio atenta contra la soberanía ecuatoriana. La zona es biodiversa y las comunidades denuncian agresiones, además piden que se cumpla con la Consulta Popular. Por este tipo de negocios, en los años setenta, países como Chile y Bolivia nacionalizaron las minas. Al igual que con el petróleo, las transnacionales se llevan los recursos, en contubernio con los gobiernos, y dejan los daños.