Por Francisco Escandón Guevara
Desde el retorno a la democracia, 1979, el control del sistema judicial, teóricamente independiente de las otras funciones del Estado, fue motivo de disputa política de las élites que convirtieron a la justicia en un apéndice de sus intereses.
Cada intervención para imponer una nueva estructura institucional o nuevos jueces se la justificó como mejoría del sistema. Los procedimientos fueron diversos, hubo episodios violentos como cuando Febres Cordero rodeó con tanques de guerra a la Corte, otros que requirieron de mayorías legislativas (los patriarcas de la componenda, el pacto de la regalada gana, la pichicorte) e incluso aquellos que refrendaron regímenes autocráticos que permitieron meterle la mano a la justicia.
Cada uno de esos momentos expresa el cambio de gerente propietario de la función judicial, es el reflejo de la miseria política de un dueño del país y el intento por consolidar la hegemonía de otro caudillo.
Esa es la reciente aventura anunciada por el presidente Lasso. El banquero impulsa otra consulta popular para apropiarse de la justicia en medio de una escalada brutal de asesinatos, inseguridad ciudadana, impunidad de la corrupción y crisis carcelaria.
Ese anhelo antes de ser sometido al sufragio del pueblo deberá pasar por dos filtros: el dictamen de la Corte Constitucional que dirimirá si se trata de una reforma parcial o una enmienda y muy probablemente, por ser una consulta concerniente a la estructura del Estado, requerirá el consentimiento previo en la Asamblea Nacional.
A simple vista, el camino está cuesta arriba para el régimen. Asumiendo, a priori, la aprobación de la Corte Constitucional, de no lograr un acuerdo legislativo con el correísmo y los socialcristianos, la propuesta de consulta popular, que le dé el control de la justicia a Lasso, está caída. Pero si llegara a las urnas, el pueblo hará de esas elecciones un plebiscito en la que se juzgará la gestión y credibilidad del gobierno que ya está deteriorada.
Al parecer la intención de controlar el poder judicial no pasa de un globo de ensayo al que lo inflan con dosis de populismo penal, en el fondo el anuncio de consulta es un distractivo para ganar tiempo en lo esencial: las privatizaciones y la reforma laboral.