Por Remo Cornejo Luque
Ecuador, la mitad del mundo, hermosa y muy diversa, asiste a un nuevo y peligroso capítulo de concentración del poder de la derecha capitaneada por Daniel Noboa.
Bajo la desgastada narrativa de la «eficiencia fiscal» y el «combate al despilfarro», el gobierno ha impuesto una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que, en la práctica, opera como un mecanismo de sometimiento autoritario. No se trata de un ajuste técnico; se está frente a un desmontaje estructural del régimen democrático local, la participación ciudadana y la soberanía de los territorios. Este proyecto centralista busca estrangular la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), quebrando el espíritu descentralizador de la Constitución. El objetivo de fondo es claro: consolidar un régimen totalitario donde las directrices se dicten desde Carondelet, anulando la capacidad de los pueblos para decidir su propio destino.
Uno de los golpes más severos de esta contrarreforma apunta al corazón de los Concejos Municipales. Al limitar sistemáticamente las facultades de las concejalas y concejales, el Ejecutivo destruye el indispensable principio de pesos y contrapesos democráticos. La reforma pretende judicializar el accionar político de las y los ediles, debilitando severamente su capacidad de fiscalización. Peor aún, al restringir drásticamente la iniciativa de presentar proyectos de ordenanzas, se mutila su naturaleza legislativa. Si a un representante del pueblo se le despoja de la facultad de proponer normas locales, ¿cuál es su rol en la democracia? El gobierno pretende convertir los Concejos en meros notarizados sumisos al servicio de las alcaldías y del poder central. Esta asfixia institucional viola flagrantemente los derechos políticos consagrados en el Artículo 61 de la Constitución, borrando de un plumazo la participación en espacios de deliberación con voz y voto. Por si fuera poco, la eliminación del fuero de corte provincial para las autoridades locales las expone a un estado de absoluta indefensión, abriendo la compuerta a la persecución judicial y al chantaje político por parte de quienes detentan el poder y el dinero.
El trasfondo económico de la reforma es abiertamente privatizador. En el sector de las telecomunicaciones, la normativa despoja a los municipios de sus competencias exclusivas en la regulación del uso del suelo y del espacio público. La planificación territorial deja de responder al ordenamiento urbano y al bienestar común para subordinarse a las demandas de las élites corporativas. Se facilita la entrega de infraestructura y espectro casi «a dedo», promoviendo la consolidación de oligopolios privados en detrimento de la representación y gestión soberana de los territorios. Esta entrega de competencias locales al capital transnacional es un atentado directo a la gestión comunitaria y soberana del espacio público. El peligro se extiende también a los bienes comunes. La reforma abre la posibilidad legal de disponer, transferir o vender el patrimonio municipal en condiciones de total desventaja para el Estado local y absoluto beneficio para los grandes intereses privados. Bajo la trampa de la «sostenibilidad», se viabiliza el despojo de los recursos públicos locales, mercantilizando los activos que pertenecen a la ciudadanía.
En respuesta a toda esta tramoya, la demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley del COOTAD, presentada por la UNE en la Corte Constitucional y admitida a trámite, se inscribe como parte de la lucha y resistencia popular contra el autoritarismo de Noboa.
Además, se debe tener presente que no hay hechos aislados, todo está concatenado. La arremetida contra los GAD no es casual. Es parte de la política neoliberal y autoritaria desde Carondelet. Se suma a la sistemática estrategia de persecución política que se despliega contra la oposición, pretendiendo proscribir organizaciones y suspender de facto el derecho a la participación política y a disentir. Se sigue manipulando la institucionalidad y se usan las leyes como armas de guerra política, se busca silenciar las voces críticas y eliminar cualquier obstáculo a su agenda privatizadora. Noboa sigue con insomnio hasta limpiar el tablero electoral de cualquier expresión de oposición. Esto representa una imposición que los sectores organizados y de izquierda no deben permitir.
Resumiendo, las reformas de Noboa concentran el poder, rompen el tejido democrático y anulan la participación popular en la toma de decisiones. El centralismo busca someter a las provincias, cantones y parroquiales para facilitar su agenda de privatización y control social. Frente a la restauración conservadora y autoritaria, hoy es indispensable y urgente elevar la unidad popular más amplia de todos los sectores sociales, políticos y democráticos.
Defender el COOTAD y las competencias locales no es defender la burocracia; es defender los derechos de los pueblos, la participación ciudadana y la resistencia histórica de los territorios contra el absolutismo centralista.
¡La autonomía, la democracia y la dignidad popular no se negocian!