José Diaz
La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, fue sancionada por Donald Trump y su gobierno tras presentar su informe «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio» donde identifica a 48 compañías cuya actividad se aprovecha del genocidio israelí. Aunque empresas del sector armamentístico, energético y construcción participan desde hace décadas en este conflicto, ahora también figuran gigantes de la tecnología y las finanzas.
Empresas como Elbit Systems, Lockheed Martin, Leonardo e Israel Aerospace Industries suministran a Israel los sistemas de puntería, drones y munición empleados en los bombardeos de Gaza. También, Chevron, BP, Glencore y Drummond han garantizado el flujo de combustible que mantiene bloqueada la Franja y alimenta el esfuerzo de guerra. Heidelberg Materials AG extrae materiales de construcción de territorios ocupados ilegalmente; CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) participa en la línea de tranvía hacia asentamientos ilegales; y firmas como Mekorot, Netafim y Tnuva explotan los recursos hídricos y agrícolas palestinos.
Los gigantes tecnológicos también tienen su tajada, Microsoft, Amazon, Google, IBM y Palantir Technologies han colaborado en la creación de una “nube militar” que automatiza la selección de objetivos y el seguimiento de civiles para bombardeos quirúrgicos. Se suman también plataformas de consumo como Booking.com, Airbnb y Carrefour, que al ofrecer servicios y productos en colonias ilegales legitiman su existencia. En lo financiero, BNP Paribas, Citigroup, Barclays y varios fondos de pensiones de Estados Unidos y Europa respaldan con bonos al gobierno israelí, incluyendo empleos militares.
También se encuentran en el listado la mexicana Orbia Advance Corporation y la brasileña Petrobras, el grupo español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y dos multinacionales, Drummond y Glencore, que exportan carbón a Israel desde Colombia. Entre otras.
El informe documenta que, desde octubre de 2023, la ocupación se ha convertido en una “economía del genocidio”. En los últimos 21 meses, la bolsa de Tel Aviv acumuló un alza del 213%, traducida en 225.700 millones de dólares, de los cuales 67.800 millones corresponden a junio de 2025, mientras Gaza recibía más de 85.000 toneladas de bombas. La crisis humanitaria alcanza dimensiones extremas: el 93% de la agricultura y la pesca han sido destruidas, más del 95% de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, y el 83 % de la ayuda humanitaria permanece bloqueado.
El documento subraya que las empresas no pueden escudarse en la “neutralidad contractual” y señala que “Negarse a actuar es en sí una forma de participación”. Operar, invertir o comercializar en territorios ocupados equivale a la complicidad en crímenes de guerra y genocidio, por lo que directivos y corporaciones deberían enfrentar reclamaciones ante tribunales nacionales e internacionales. Señalar esto, es la razón por la que el gobierno estadounidense haya aplicado una serie de sanciones para silenciar esta denuncia.
Como vía de salida, en ese mismo informe se propone un embargo completo de armas, la suspensión de convenios comerciales y la exigencia de responsabilidad legal a nivel corporativo, desarmando así, de una vez por todas la infraestructura que alimenta y legitima este sistema (la base económica de este genocidio, el desplazamiento y la eliminación sistemática del pueblo palestino).