Redacción Opción
La UNE se pronunció ante la respuesta de ministra Crespo que defiende el reglamento a la LOEI emitido por el banquero Lasso y señala lo siguiente:
El 18 de agosto de 2023, la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 246 (Tipos de autoridades) y 266 (Escalafón docente) y las transitorias primera, sexta (Equiparación salarial – docentes sin títulos en educación) y séptima del Reglamento General a la LOEI.
El 26 de abril, la Corte Constitucional resolvió ADMITIR a trámite la acción pública de inconstitucionalidad 74-23-IN. Para lo cual, otorgó 15 días, desde la notificación al Ministerio de Educación (MinEduc), para que defienda o impugne la constitucionalidad de las disposiciones demandadas. Dicho tiempo culminó el 30 de mayo y la ministra de Educación, Alegría Crespo, mediante Informe MINEDUC-CGAJ-DNNJE-2024-014, respondió a la Corte Constitucional señalando que la Acción de Inconstitucionalidad planteada por UNE es improcedente, defendiendo de esta manera el reglamento antidemocrático e inconstitucional que dejó aprobando el gobierno de Lasso y su ex ministra Brown.
La respuesta de la ministra Crespo afecta a: más de 15 mil profesores, con más de 25 años de servicio, sin el proceso de escalafón (Transitoria Trigésima Tercera – LOEI); más de 7 mil docentes sin equiparación salarial; 127.237 profesionales de la educación sin acceso a concursos de méritos y oposición y mil que demandan la aplicación del proceso de sectorización general. El reglamento a la LOEI es también una traba a los procesos de ascenso y recategorización automática ya que desconoce los años de servicio y, aproximadamente, 88 maestrías en educación e impone el PhD como filtro. A esto se suman el no pago de la equiparación salarial a los grupos 5 y 6; los problemas de inseguridad, la elevación del IVA al 15% y, ahora, la eliminación de los subsidios a los combustibles, generando mayor pobreza y elevando más el costo de la vida.
Frente a esta realidad, convocamos al Magisterio, madres, padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio a participar de las asambleas permanentes y retomar las acciones de movilización para exigir a la Corte Constitucional que determine la inconstitucionalidad de los artículos del Reglamento a la LOEI que violentan nuestros derechos; se declare en emergencia a la educación pública y el rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Finalizan reiterando la convocatoria a la movilización en todo el país para el 4 julio.