Por Jaime Chuchuca Serrano
El gobierno de Noboa entregó la licencia ambiental en junio de 2025 para que la minera DPMEcuador S. A. opere en Kimsakocha (Loma Larga), aunque se revocó en diciembre, por la marcha del Quinto Río. A consecuencia de los acuerdos entre Noboa y DPMEcuador, la empresa megaminera se ha arriesgado a incrementar sus activos y patrimonio.
En 2022, aunque la empresa reportaba 0 ingresos, tenía 99,9 millones de activos y un patrimonio de 77,5 millones de dólares. Para 2025, igualmente, con 0 ingresos reportados, los activos crecieron a 167,5 millones y el patrimonio a 97,3 millones. Es decir, entre 2022 y 2025, los activos de la empresa crecieron en 67,5 millones por inversión extranjera y su patrimonio creció 19,8 millones. Si se compara 2023 y 2025, los activos crecieron 40,5 millones y el patrimonio 11,8 millones. Una empresa que estaría cerca de salir del país no haría estos incrementos. Hasta agosto de 2026, la empresa declaró en el SRI, 35.136,82 dólares por Impuesto de Salida de Divisas (ISD), calculado al 5%, sería un aproximado de operación gravadas en el extranjero por 702 mil dólares.
Aunque se supone que DMPEcuador no está operando, las transnacionales, aunque no genere ingresos, quieren recuperar sus inversiones a largo plazo, y políticamente les conviene que Noboa continúe en el gobierno nacional y que ADN o sus emisarios ganen las elecciones seccionales. El mismo resultado se daría con otra fuerza similar de la derecha.
La marcha del Quinto Río defiende el agua de Cuenca y el país; como un grito colectivo de esperanza que enfrenta la contaminación minera. En 2019, Girón se expresó en la Consulta Popular en contra de la minería en Kimsakocha. En 2021, Cuenca votó por la prohibición minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay. Además, la misma Constitución ya protege los derechos de la naturaleza. Se han ganado varias demandas judiciales. Y hasta ahora la protección ambiental de estas zonas es casi nula. La topografía hídrica en riesgo es inmensa.
Sin embargo, como vemos, el Gobierno de Noboa sigue pactando con DPMEcuador (y otras), y están de por medio los Tratados de Libre Comercio que comprometen el subsuelo ecuatoriano. Cuenca y la ciudadanía han reclamado de modo firme contra el despojo minero, con su consigna: El Agua vale más que el Oro. El agua es un derecho humano y a su vez tiene derechos. El Estado debe la proteger la naturaleza, cumplir con las normas y acatar las demandas populares.