Por: Remo Cornejo Luque
Este domingo 26 de abril pasará a la historia de la ignominia. En una jornada que representa una vergüenza nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha exhibido como una entidad al servicio de Daniel Noboa. El Gobierno movió tuercas y tornillos para pisotear la Constitución y el Código de la Democracia, operando una maniobra que carece de sustento y sobra en arbitrariedad.
Las intervenciones de la presidencia y del consejero José Merino representan un preocupante estándar de precariedad jurídica. Sin argumentos válidos, fuera de tiempo y violando todos los procedimientos, estos funcionarios incondicionales al Ejecutivo resolvieron cancelar el registro de Unidad Popular. El punto medular es la ignorancia de la competencia en razón del tiempo: el artículo 327 del Código de la Democracia establece límites temporales expresos para esta potestad. Actuar fuera de plazo acarrea la nulidad de pleno derecho; por lo tanto, esta decisión es nula por el fondo y por la forma.
Ante este atropello, la indignación nos obliga a plantear las preguntas que el país se hace: ¿A qué intereses oscuros responde este afán por silenciar a la oposición? ¿Qué pactaron bajo la mesa o cuánto les pagaron por hipotecar su conciencia y su dignidad profesional? Cuando la ley se tuerce de forma tan descarada, es legítimo sospechar de componendas y beneficios inconfesables. Al dictar actos administrativos abiertamente contrarios a la ley, los responsables incurren en la figura de prevaricación. La gravedad de este asalto exige la renuncia inmediata de quienes han traicionado su investidura y la intervención de la justicia para que estos atropellos terminen con los responsables en prisión.
Esto recién empieza. La defensa de la participación democrática se traslada ahora a un tablero más amplio. Acudiremos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La jurisprudencia internacional es clara en proteger los derechos políticos frente a órganos electorales que pretenden silenciar voces diferentes mediante decisiones extemporáneas y fraudulentas.
El respeto al ordenamiento jurídico y democrático no es negociable; la defensa de la legalidad y participación de Unidad Popular se llevará hasta las últimas consecuencias. ¡La lucha continúa!