Redacción Opción
Andrés Quishpe, presidente de La Union Nacional de Educadores UNE, señaló que el proyecto del Ley del Ejecutivo, aprobado ayer 19 de diciembre en la Asamblea Nacional, presentado, supuestamente con el propósito de alcanzar estabilidad económica y la generación de empleo, a través de estímulos tributarios y la creación de zonas francas, no resolverá la crisis fiscal. Más bien, beneficiará, como siempre, a los grandes grupos económicos, condonando deudas que alcanzan un promedio de más de 2.500 millones de dólares, incluso con los “cambios” realizados para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La Ley del gobierno de Daniel Noboa, prevé una reforma que afecta los derechos laborales mediante el régimen de zonas francas, que perjudicará especialmente a la industria nacional, así como a las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en la actualidad. Además, este proyecto promueve la privatización de los servicios públicos a través del régimen de «alianzas público-privadas», que busca cargar el pago de esos servicios e infraestructura elevando las tarifas al pueblo ecuatoriano. También propone el aplazamiento de los pagos de la deuda pública interna, por 30 años, desfinanciando el IESS y condenándolo a la quiebra.
El presidente del gremio añadió que solo en la lógica neoliberal y en las recetas del FMI la problemática económica se resuelve violentando derechos y condonando deudas a los sectores más pudientes. Cada dólar perdonado representa mermar la capacidad de ejecutar obras públicas, atender la salud, educación y seguridad.
Quispe señaló que “desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) volvemos a insistir en alternativas para enfrentar la crisis sin afectar el bolsillo del pueblo ecuatoriano:
- Cobro a los grandes deudores de impuestos $ 4.600 millones ($2500 millones deudas en firme; 2111 deudas impugnadas).
- Contribución especial de 5% a las ganancias extraordinarias a las 100 empresas más grandes, $300 millones. (En el 2022 las 100 empresas más grandes tuvieron utilidades que alcanzaron los $4800 millones de dólares. En el 2023 la banca privada tendrá ganancias extraordinarias por más de $700 millones).
- Eliminación en el 30% de beneficios tributarios a los grandes grupos económicos que representan $1700 millones de dólares. Al año, los grandes grupos tienen “incentivos tributarios” de $5700 millones.
- Recaudar al menos el 10% de la elusión y evasión tributaria ($700 millones)
5. Uso responsable de una parte de la Reserva Monetaria ($1600 millones).
6. Restitución del 5% del ISD ($1400 millones).
7. Negociación soberana de la telefonía celular ($ 600 millones anuales por 15 años). La primera condición debe ser el pago de las deudas impugnadas de Claro $61 millones y Movistar $97 millones de dólares.
8. Reducción del IVA del 12 al 10% ($1.300 millones a la economía de la gente).
La reactivación económica y la generación de empleo requieren aumentar la inversión y la obra pública, situación que no está en el Proyecto de Ley. Instamos a la Asamblea Nacional a rechazar este Proyecto que, mediante un lenguaje pomposo y tecnócrata, oculta toda una política neoliberal que violenta derechos y, luego no representa por ningún lado los intereses de los pueblos del Ecuador.