Por En Marcha
Para el gobierno de Daniel Noboa no existe una disyuntiva entre defender los derechos de los ecuatorianos o aplaudir la política del gobierno de Donald Trump: siempre escoge lo segundo. La sumisión de Noboa a los designios del imperialismo estadounidense es descarada; es la continuación de la política ejercida por los gobiernos que le precedieron, pero sobre todo es expresión de la naturaleza de clase de la gran burguesía a la que pertenece y representa.
De los múltiples aspectos que caracterizan ese comportamiento, miremos dos casos que evidencian con crudeza esta abdicación de la soberanía y la protección de los derechos del pueblo ecuatoriano. Recordemos cómo, meses atrás, cuando las agencias de inmigración estadounidenses —en particular ese aparato fascista denominado ICE— intensificaron sus operativos y tratos crueles contra migrantes latinoamericanos, varios gobiernos de la región levantaron su voz de protesta ante los abusos sistemáticos contra hombres y mujeres, pero la administración de Daniel Noboa guardó un silencio cómplice y absoluto, demostrando una total indiferencia ante el sufrimiento de sus compatriotas en el exterior.
Ahora se produce un caso aún más grave: la agresión directa sufrida por el sector pesquero artesanal. Al menos siete embarcaciones han sido bombardeadas y hundidas por fuerzas militares y el Comando Sur de EE. UU. —algunas de ellas dentro de las propias aguas territoriales de Ecuador— bajo la infundada y falsa acusación de estar vinculadas a carteles del narcotráfico, sin que las autoridades hayan presentado una sola prueba que sustente semejante atropello. Como resultado de estas operaciones, pescadores ecuatorianos han sido objeto de tratos crueles, torturas, encarcelamientos arbitrarios y desapariciones que se prolongan por meses ante la total inacción del Estado.
Lejos de exigir explicaciones y defender la integridad de sus ciudadanos frente al intervencionismo extranjero, el Gobierno ha optado por respaldar y legitimar las operaciones del Comando Sur y de las fuerzas militares estadounidenses. Con este aval, se criminaliza la pesca artesanal, asfixiando económicamente a los sectores más empobrecidos y vulnerables de la costa ecuatoriana, que ven destruidos sus medios de subsistencia bajo el argumento de una supuesta cooperación en seguridad.
Esta conducta gubernamental, aunque previsible por su naturaleza, es totalmente repudiable. Cada acto de esta gestión confirma un sometimiento absoluto a los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense, donde la soberanía nacional es tratada como moneda de cambio y los derechos de los ecuatorianos quedan totalmente desprotegidos.