Por Dr. Edison Deleg*

Tres años de crisis, abandono y privatización camuflada.

La crisis de la Salud Pública en el Ecuador constituye un fenómeno complejo y multifacético que va mucho más allá de un simple problema de gestión o de fallas administrativas coyunturales. Corresponde, en cambio, al resultado de una política económica y estatal orientada hacia la reducción progresiva del aparato público, el debilitamiento sistemático de los servicios esenciales, la precarización de las condiciones de trabajo y la apertura deliberada de espacios para que el sector privado asuma funciones que constitucionalmente corresponden a derechos fundamentales de la población.

Durante los casi tres años de la administración del presidente Daniel Noboa, esta dinámica se ha agudizado hasta alcanzar niveles insostenibles que se manifiestan de manera cotidiana en el colapso operativo de las instituciones sanitarias de todo el país.

La expresión más visible de esta situación se evidencia en la realidad diaria de los hospitales y centros de salud del sistema público, los cuales enfrentan un severo desabastecimiento de medicamentos básicos e insumos médicos esenciales, falta de profesionales especializados y personal de apoyo, infraestructura física notablemente deteriorada y equipos biomédicos fuera de servicio por falta de mantenimiento.

Esta carencia generalizada se traduce en listas de espera de varios meses para consultas o intervenciones quirúrgicas y en una sobrecarga extrema para el personal sanitario, que debe sostener el funcionamiento del sistema en condiciones sumamente adversas.

En el ámbito fiscal y económico, los montos globales que se asignan al presupuesto de la salud están disminuidos, no es prioridad real para el gobierno la salud, por ello también la baja ejecución de presupuestaria. Los recursos no se transfieren de manera oportuna a las unidades médicas ni a los programas de prevención y tratamiento. En la práctica, un presupuesto que no se ejecuta representa un derecho que no se garantiza, afectando de manera crítica a los sectores más vulnerables, especialmente a las personas que padecen enfermedades crónicas o que requieren tratamientos continuos e ininterrumpidos, como la hemodiálisis, para quienes cualquier retraso o suspensión del servicio pone en riesgo directo su supervivencia.

Además hay un proceso de transformación estructural del modelo de atención que apunta hacia una privatización indirecta o camuflada. Este fenómeno no se presenta necesariamente mediante la venta explícita de la infraestructura hospitalaria pública, sino a través de mecanismos más sutiles como la externalización de servicios sanitarios, la contratación de operadores privados para la gestión de prestaciones públicas, la transferencia de fondos estatales hacia el sector privado y la reestructuración administrativa del sistema bajo criterios estrictamente empresariales. En este contexto se inserta el análisis del Decreto Ejecutivo 393, mediante el cual se crea una empresa pública vinculada a la prestación de servicios de salud.

Esto servirá como vehículo para desplazar competencias del Ministerio de Salud Pública, derivar contratos e ingresos hacia actores privados y flexibilizar los derechos laborales, todo ello en ausencia de mecanismos efectivos de control social, fiscalización y transparencia que eviten el surgimiento de nuevos focos de burocracia y corrupción.

Los trabajadores de la salud son afectados en todas sus categorías, incluyendo personal médico, de enfermería, técnico, administrativo y de servicios generales. La precarización laboral —caracterizada por la sobrecarga de tareas, la proliferación de contratos temporales, la destitución o no renovación de personal estable y el incumplimiento de derechos adquiridos y contratos colectivos— no es un hecho aislado, sino un componente central de la política de reducción del gasto público.

La degradación de las condiciones de trabajo del personal repercute directamente en la calidad, seguridad y oportunidad de la atención médica que reciben los usuarios, imposibilitando la consolidación de un sistema público eficiente mientras quienes lo operan laboran en entornos de inestabilidad y desprotección.

Como respuesta al deterioro de la atención pública y a la pérdida de derechos laborales, diversos sectores sociales han recurrido a la movilización de calle, mediante plantones y manifestaciones organizados por pacientes, familiares, médicos, sindicatos y organizaciones comunitarias. Estas acciones de protesta son la reacción de la ciudadanía ante la falta de respuesta institucional, frente a una amenaza directa a la vida e integridad de las personas. La protesta refleja un rechazo creciente hacia la políticas económicas que consideran a la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo como servicios sujetos a la lógica del mercado y a la rentabilidad financiera, en lugar de garantizarse como derechos humanos universales e inalienables.

Frente a este escenario, es necesario la unidad sindical y social desde las bases, superando las divisiones internas, el sectarismo y la subordinación a los gobiernos de turno. La propuesta plantea la integración de todos los estamentos de trabajadores de la salud junto con los pacientes, sus familias, las organizaciones sociales y los sectores populares en un frente común de defensa de la salud pública, con una plataforma que demande el incremento de la asignación presupuestaria y su ejecución íntegra y oportuna; el abastecimiento inmediato y continuo de medicamentos e insumos en la red hospitalaria; la atención garantizada para pacientes con patologías complejas y crónicas; el fortalecimiento del talento humano mediante la contratación de más personal, la estabilidad laboral y el respeto a la contratación colectiva; el rechazo explícito a la tercerización y a la privatización en todas sus formas; la implementación de mecanismos estrictos de transparencia y auditoría social sobre los recursos del sector; y la restitución de la democracia e independencia en las organizaciones de trabajadores.

La movilización ciudadana y la articulación comunitaria se sostienen, en este marco, como los instrumentos fundamentales para lograr que el Estado garantice una atención médica gratuita, universal y de calidad para toda la población ecuatoriana.

*Dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud y de la UGTE.