Por Mateo Rodríguez
Las elecciones legislativas del 3 de noviembre ponen a prueba la capacidad del trumpismo para conservar una mayoría política en medio del encarecimiento de la vida, la guerra contra Irán y la resistencia a las deportaciones. La contradicción atraviesa a la propia coalición republicana. Trump prometió recuperar la industria, proteger a los productores estadounidenses y reducir el costo de vida. Su gobierno llega a las urnas con sectores agrícolas descontentos y con trabajadores que soportan el alza de los precios, mientras las empresas ligadas al gasto militar y a la contratación federal conservan acceso privilegiado a los recursos públicos.
La fractura tiene una expresión en la cúpula del movimiento MAGA. La guerra contra Irán y la relación con Israel dividen a sectores que coinciden en defender la primacía estadounidense, pero discrepan sobre el costo y la conveniencia de nuevas intervenciones militares. La pugna entre J. D. Vance y Marco Rubio por la sucesión de Trump adquiere, por tanto, un contenido político. Si los republicanos pierden terreno, los aspirantes a 2028 tendrán que decidir qué compromisos del Gobierno defender y de cuáles tomar distancia para recomponer su base electoral. El alcance de la derrota determinará cuánto margen conserva Trump para arbitrar esa disputa.
El control del Congreso importa porque modifica los instrumentos de que dispone el Ejecutivo. Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes podría disputar el presupuesto, abrir investigaciones y bloquear proyectos de la Casa Blanca. Si también conquista el Senado, tendría capacidad para frenar nombramientos y condicionar la agenda legislativa en ambas cámaras. Trump conservaría el veto y amplias facultades ejecutivas. Un Congreso dividido elevaría el costo de gobernar, multiplicaría las negociaciones y podría empujar a la Casa Blanca a recurrir con mayor frecuencia a medidas administrativas. Las gobernaciones también cuentan, por su peso en la administración electoral y en la ejecución de políticas estatales.
La cuestión es qué haría el Partido Demócrata con ese poder. Una victoria legislativa puede alterar la relación de fuerzas en Washington sin producir un viraje equivalente en la economía o la política exterior. El complejo militar-industrial, las finanzas y las petroleras tienen intereses que atraviesan las fronteras partidarias. El financiamiento electoral permite observar esa relación en concreto. Los aportes de Elon Musk a comités republicanos conviven con el peso de los grandes donantes demócratas. Para los grupos empresariales que dependen de contratos, subsidios o decisiones regulatorias, financiar campañas es una forma de intervenir en la distribución de recursos del Estado.
Michigan muestra cómo esas continuidades se traducen en conflictos dentro de la oposición. Abdul El-Sayed ganó apoyo con demandas de salud pública y alivio del costo de vida, además de sus posiciones críticas sobre la política hacia Palestina y los operativos migratorios. El respaldo de la demócrata Haley Stevens al republicano Mike Rogers, cuya campaña recurrió a ataques islamófobos, revela hasta dónde pueden llegar las discrepancias cuando una candidatura cuestiona compromisos de la política exterior estadounidense.
Minnesota ofrece una experiencia distinta. Los operativos del ICE encontraron una respuesta organizada en barrios y centros de trabajo. Las redes de alerta permitieron actuar frente a las redadas y las jornadas de paralización convirtieron la defensa de los migrantes en un conflicto que afectó la actividad económica. Allí se hizo visible una capacidad que las encuestas apenas registran. Trabajadores y comunidades sometidas a la ofensiva migratoria pudieron actuar en común y ejercer presión directa sobre el Gobierno.
Si los republicanos pierden una o ambas cámaras, Trump llegará a la segunda mitad de su mandato con menos margen legislativo y una sucesión más disputada. Los demócratas tendrán que administrar una mayoría potencialmente heterogénea, formada por sectores empresariales, votantes moderados y trabajadores movilizados por demandas que chocan con los compromisos de la dirección partidaria, esa tensión marcará el camino hacia 2028.