Por Francisco Escandón Guevara
A propósito de una seguidilla de delitos publicitados en los grandes medios de comunicación, el debate de la legalización del uso de armas polariza posiciones en el Ecuador. La polémica rebasa los límites constitucionales y se entrelaza con las posiciones políticas de los aspirantes a suceder a Lenin Moreno en Carondelet.
Particularmente Guillermo Lasso, auspiciado por su socio electoral Nebot, reivindica el uso civil de las armas de fuego como solución perfecta para enfrentar los delitos comunes y así colaborar con la acción policial. En otras palabras, quieren una licencia para matar.
Esa manipulación proselitista de la inseguridad ciudadana pretende constituirse en una boya de salvación del banquero, más aún cuando es evidente su descenso en las encuestas de intención del voto. Apelar al populismo jurídico, para lograr notoriedad, es un recurso demagógico maquiavélico que tiene por fin capitalizar votos apelando al sensacionalismo de la prensa amarillista.
Lo cierto es que la desregularización de la tenencia y el porte de armas no resuelve el problema, más bien lo agudiza hasta el punto de la anarquía social, así lo testimonian las masacres ocurridas en calles, plazas y escuelas en aquellos países que legalizaron esta práctica.
Pero el problema va más allá. Detrás de la legalización del uso de armas germina el discurso que defiende la propiedad y que la prioriza por encima del derecho a la vida. La apuesta a hacer justicia con mano propia, para resolver conflictos, terminará por generalizar el terror social: la violencia intrafamiliar crecerá, al igual que los homicidios y feminicidios.
Siempre las élites blandieron el discurso de la inseguridad para beneficiarse económicamente de la industria armamentista, pero también para estructurar sus ejércitos paramilitares de mercenarios al servicio del capital.
Es una sinrazón desregular los controles de armas en una sociedad constituida por un puñado de grandes propietarios y millones de desposeídos, la criminalidad no se resuelve a sangre y fuego, sino exige de políticas públicas que solucionen las desigualdades sociales, la pobreza y la carencia de empleo.