Por Guido Proaño Andrade

Leí hace pocos días un editorial del diario El Universo que, es de suponer, intenta llamar la atención respecto de la grave situación que enfrentan miles de personas que viven en la calle. Con esa consideración, el material lleva por título «Habitantes de calle» y al describir a quienes se refiere dice que especialmente son «niños, adolescentes y adultos extranjeros que están en situación de movilidad humana, que pernoctan debajo de puentes y alrededor de áreas comerciales».

Desde hace algunos años se observa el aparecimiento de palabras o denominaciones con las que se intenta suavizar –si no ocultar– la naturaleza y las causas de algunos fenómenos, particularmente de índole social. Es el caso de lo aludido: «habitantes de calle» y «situación de movilidad social». No es el afán criticar el surgimiento de nuevas expresiones; la lengua, al estar directamente vinculada a toda la actividad del ser humano permanentemente enfrenta cambios, específicamente en su vocabulario. Afloran expresiones nuevas, palabras quedan en desuso y hay las que asumen nuevos significados: nunca he escuchado a nadie decir aluzar, para expresar la acción de alumbrar, y no sé si en algún lugar dicen aquesto, en lugar de esto; pero el caso que tratamos hoy tiene una connotación distinta.

Hablar de «personas en situación de movilidad humana» suena muy distinto a decir expulsadas de sus hogares o territorios, forzadas a abandonar su país porque huyen de la violencia, del hambre, de los desastres naturales, de la inseguridad. El número de desplazados forzosos superó los 82, 4 millones de personas, hasta finalizar el 2020, según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el problema va en aumento. La situación de estas personas es dramática, en caravanas recorren cientos, miles de kilómetros para llegar a un punto, un país o un continente donde creen que pueden rehacer sus vidas. Estamos hablando de gente que huye de problemas estructurales del sistema o de fenómenos provocados por el mismo.

En el oeste de Myanmar (Birmania), en un estado fronterizo con Bangladesh, desde hace varias generaciones viven los rohingyas, una minoría étnica predominantemente musulmana de un poco más de un millón de personas; constituyen un grupo étnico no reconocido como parte de los 135 grupos étnicos «oficiales» del país y, desde 1982, el Estado les ha negado la ciudadanía en Myanmar, poniéndoles en la condición de  apátridas. El gobierno dice que son inmigrantes bengalíes y no birmanos. Según la Carta de las Naciones Unidas, quien ha nacido en un país y no tiene otra nacionalidad le corresponde la nacionalidad de su país de nacimiento, por lo que a los rohingyas les corresponde la nacionalidad birmana, pero al gobierno de ese país le importa un pepino lo que al respecto dice el derecho internacional.

De manera sistemática han sufrido el acoso de parte de las autoridades y el ejército, provocando que miles de ellos huyan de su territorio. En agosto de 2017 estalló la mayor ola de violencia que costó la vida de 25 mil rohingyas y más de 700 mil huyeron a Bangladesh, desafiando peligros caminaron durante días por junglas y montañas a un país en el que no tienen certeza de qué les depara el futuro. ¿A eso se refieren cuando dicen «personas en situación de movilidad humana»?

¿Y los «habitantes de calle»? ¡Son los más pobres entre los pobres! El producto más bajo del capitalismo, los que viven con un dólar y unos centavos más al día, que en el mundo forman un ejército de mil trescientos millones de personas. Nuestro país aporta a ese contingente con alrededor de 2,6 millones de personas que viven en extrema pobreza, que perciben menos de 47,37 dólares al mes o lo que es igual a 1,6 dólares al día. Es la gente que pelea entre sí cuando en un basurero encuentra algo que para ellos es necesario, y no sería raro que por ese motivo les califiquen como «ciudadanos en condición de disputas».

Son los parias, los que no tienen nada. «Los nadies –como dice Galeano–, que cuestan menos que la bala que los mata».

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