Por Lois Nwadiaru*
Ecuador tendrá sus elecciones seccionales el 29 de noviembre de 2026, en donde escogeremos a prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales, vocales de las juntas parroquiales y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Estas elecciones estaban originalmente previstas para febrero de 2027. Sin embargo, fueron adelantadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la ilegítima modificación del calendario electoral bajo la supuesta justificación de evitar posibles afectaciones del Fenómeno de El Niño en 2027.
La legitimidad de esta decisión resulta aún más cuestionable porque recientemente la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) declaró que este Fenómeno se encuentra activo en junio de 2026 y que los mayores estragos están previstos para finales de este año, en el periodo en el que se llevarán a cabo las elecciones adelantadas. El cambio de la fecha de elecciones beneficia directamente al gobierno nacional, pues debido a la concentración de poderes, limita la posibilidad de participación de otros partidos políticos que ahora cuentan con menos tiempo para preparar a sus candidatos/as y hacer campaña electoral. Esto además se da en un contexto de notoria persecución política a alcaldes opositores en ciudades como Guayaquil, Quito, Portoviejo y Cuenca.
En medio del contexto antidemocrático en el que vivimos, resulta cada vez más difícil pensar que el futuro de una ciudad depende simplemente de elegir a la persona correcta para ocupar la alcaldía. Sin embargo, eso no significa que debamos renunciar al debate público. Todo lo contrario. Como una mujer afroguayaquileña, pienso que la pregunta más importante que deberíamos hacernos ahora mismo es qué proyecto de ciudad queremos construir a futuro y desde dónde estamos teniendo esa conversación.
Como la mayoría de ciudades latinoamericanas, Guayaquil es una ciudad profundamente desigual con marcadas diferencias de clase y con un diseño urbano que privilegia el enriquecimiento de unos sectores a costa de la explotación de otros (dicho sea de paso, esos “sectores otros” están racializados). Pero, además:
Nos movemos por la ciudad, pero pocas veces la habitamos colectivamente. Y esto se debe en gran parte a que no contamos con espacios de encuentro donde podamos acercarnos públicamente a otras realidades. De esta manera, los problemas de la ciudad se vuelven experiencias individuales en lugar de debates públicos.
No basta con decir lo obvio a nivel municipal: que necesitamos espacios públicos y movilidad digna porque incluso ahí las prioridades pueden variar. Por ejemplo, de manera generalizada nos han acostumbrado a pensar que las rejas deben ser parte integral de un espacio público motivados por el ideal de la suburbanización. Este fenómeno no es solo urbanístico, sino profundamente cultural y geopolítico, en donde los complejos inmobiliarios “exclusivos” y “alejados de todo” son el centro del deseo de la vida urbana. Es eso mismo lo que ha exacerbado una segregación de facto en esta ciudad.
Sé que en términos prácticos la inseguridad y la violencia son decisivos en esta aspiración, pero vemos hoy, más de veinte años después de la implementación de este proyecto urbano, que la inseguridad no disminuyó y que las garitas no logran salvar del todo a la gente.
Lo que sí han logrado con certeza, en cambio, es distanciarnos y desconectarnos del espacio público, que es el lugar central de la vida urbana, cedido a la privatización y de manera más específica en la actualidad, al crimen organizado como parte del ciclo de la pedagogía del miedo. Es un hecho que no contar con espacios públicos accesibles de recreación y entretenimiento acentúan la violencia en estos contextos.
No creo que abrir esta conversación deba implicar juzgar a la gente por desear encerrarse en un intento de protección, pero sí me parece importante agitar ese deseo y contrastarlo porque tampoco es menos cierto que vivir en urbanización también funciona como marcador de clase, y eso que es profundamente cultural termina legitimando socialmente políticas de privatización como condición base de la violencia actual.
¿Cómo reconstruimos colectivamente esta ciudad si no nos encontramos con el Otro, llegando incluso a deshumanizarlo? Mientras pensamos en lo inmediato de las elecciones, necesitamos también recuperar la capacidad de debatir públicamente sobre la ciudad en la que vivimos y en la que deseamos vivir. Necesitamos reconocer experiencias comunes y construir horizontes colectivos.
Necesitamos cuestionar nuestros deseos de individualismo. Mientras exigimos que las urnas sean un espacio de representación popular, también necesitamos recuperar espacios colectivos donde nuestros problemas pueden nombrarse, discutirse y transformarse en proyectos políticos de largo plazo.
Otra ciudad es posible. Necesitamos empezar a verbalizar pública y masivamente ese deseo para materializarlo.
*Lois Nwadiaru, abogada y fundadora del espacio Otras Voces, desde el que y plantea interrogantes sobre los derechos humanos desde el lente del género, la raza y la clase. Este es un espacio de Otras Voces, en INDÓMITA
Fuente: INDÓMITA