Francisco Escandón Guevara
Hace más de cien años el laicismo, personificado en Eloy Alfaro, fue asesinado por una turba que reclamaba la in-disolución de la fe y el Estado. Ese hecho histórico representa la fallida secularización de la política, que en la actualidad se impone incluso sobre los derechos.
Tal es el caso de lo acontecido con las reformas al Código Penal, la negación de la despenalización del aborto por violación es una imposición del catecismo espiritual de algunos legisladores, del lobby de las iglesias y de las presiones de líderes conservadores-fascistas.
Esa decisión de la Asamblea Nacional refleja la voluntad del Estado capitalista, su naturaleza represiva e injusta, su esencia machista y patriarcal, su carácter dictatorial de imponerse a través de la fe y la represión por sobre las mujeres que son violadas.
Al obligarlas a parir, al penalizar el aborto, el Estado acaba de reafirmar la concepción misógina del rol meramente reproductivo asignado a la mujer, pero además desempolva el mito medieval de lo femenino ligado al pecado, la sumisión y la servidumbre.
Las clases de moral oscurantista y las amenazas de cárcel, o infierno, no serán suficientes para que las agredidas dejen de abortar. Diferenciadamente, las mujeres pobres lo seguirán haciendo aunque su libertad esté en riesgo, incluso aunque sus vidas corran peligro, por acudir a lugares clandestinos sin garantías de salubridad, mientras las mujeres adineradas abortarán en clínicas privadas o en el extranjero. Al fin y al cabo, no habrá ley suficiente para forzar la maternidad, ni poder que evangelice los úteros de las víctimas.
Lo destacable de esta polémica es la lucha del movimiento de mujeres, las feministas ecuatorianas que, al igual a sus pares en el mundo, usaron pañuelos verdes para exigir la despenalización del aborto. Ellas lograron visibilizar la violencia sexista y entrelazar sus reivindicaciones legítimas con la necesidad de democratizar el país.
Queda por vencer al conservadurismo, pues el santo del patíbulo quiere resucitar para dirimir los asuntos públicos. Urge un movimiento que secularice el Estado y la sociedad, para garantizar los derechos humanos y los de la naturaleza.