“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y me haré más fuerte”
Minerva Mirabal
Por: Sonia Romero Pico
El 25 de noviembre de 1960, Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por formar parte del combate y resistencia contra la dictadura de Rafael Trujillo. Parte de su lucha se centraba en la protesta contra el relego de las mujeres al trabajo de hogar y su falta de remuneración.
En 1981 durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en Bogotá, las mujeres asistentes, recordaron la lucha de las hermanas Mirabal, denunciaron las múltiples violencias que sufren en otros espacios, como los familiares, laborales, y también violaciones y acosos sexuales por parte del Estado, y proclamaron el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres, fecha a la que Naciones Unidas se sumó en 1999.
Más de 40 años después de este primer encuentro feminista, las mujeres del mundo, América Latina nos seguimos preguntando ¿qué ha cambiado?, qué sucede con los casos de violencia intrafamiliar, qué pasa con los casos de violaciones y de acoso sexual que van en aumento sobre todo en espacios educativos, qué ocurre con los más de 200 feminicidios que se han registrado en el Ecuador en lo que va del 2022.
Sí, la denuncia y la visibilización de esos problemas constituyen un avance, pero las mujeres necesitamos respuestas del Estado y sus instituciones, requerimos acciones de justicia y reparación frente a la violencia que vivimos; sin embargo, el Estado capitalista y patriarcal sostiene y fortalece su discurso de ausencia de recursos como justificación frente a su inoperancia, niega su responsabilidad de construir políticas de prevención efectivas que garanticen la integridad de niñas, adolescentes y mujeres, desconociendo su obligación constitucional de garantizar: una vida libre de violencias.
En Ecuador existen leyes, pero no están elaboradas desde una perspectiva de género que visibilice las necesidades de las mujeres, aquello se puede reflejar por ejemplo, en el proyecto de Ley Menstrual, o de la Ley de Cuidado que se tramitan en este momento en la Asamblea Nacional; existen políticas públicas pero el Estado no asigna los recursos para su ejecución; existen instituciones judiciales pero plagadas de jueces que revictimizan a las mujeres dentro de procesos de violencia sexual; existen protocolos de denuncias en universidades, pero estas entidades prefieren defender su reputación antes de sancionar a sus agresores.
Cuando las mujeres son agredidas en espacios públicos sin ningún tipo de reacción por parte de la sociedad, el silencio colectivo se apodera de la sociedad, cuando las instituciones prefieren adoptar un “espíritu de cuerpo”, que sancionar a sus agresores, se replica el problema, cuando el Estado prefiere derrumbar un edificio antes que asignar recursos para políticas de prevención de violencia contra la mujer, el silencio colectivo se normalizó en la vida, de nuestro pueblo.
La sociedad ecuatoriana debe intensificar su sensibilización, las instituciones requieren urgentemente capacitaciones en derechos humanos con enfoque de género. En ese proceso, las mujeres demandamos espacios para toma de decisiones que garanticen nuestras vidas, participación amplia y directa en las distintas esferas de la sociedad que posibiliten respuestas efectivas frente a la violencia que vivimos las mujeres de la ruralidad, y las ciudades, las mujeres trabajadoras, afroamericanas, indígenas, montubias, esas medidas contra las violencias son urgentes y deben ser ejecutadas desde la realidad que nos atraviesa a todas, y a nivel de todo el país.
Mientras tanto las mujeres seguiremos en resistencia, al igual que las hermanas Mirabal, así como los miles de mujeres que acuerpan las luchas de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia machista en nuestro país, muchas que lamentablemente no se encuentran con nosotras el día de hoy, pero que nos dan fuerza para seguir luchando, para seguir exigiendo y para seguir resistiendo.