Comunicado UNE
La Unión Nacional de Educadores (UNE), la CONASEP y el Frente de Pacientes Renales presentaron ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 527, expedido por el presidente Daniel Noboa. Esta disposición autoriza financiar gastos permanentes de salud, educación y justicia con ingresos no permanentes en el Presupuesto General del Estado de 2027.
La demanda sostiene que la autorización incumple las condiciones del artículo 286 de la Constitución. Esta norma establece que los egresos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes y permite, excepcionalmente, utilizar ingresos no permanentes para salud, educación y justicia. La controversia se centra en la justificación de esa excepcionalidad, su alcance y la transparencia de su aplicación.
La demanda identifica una sucesión de decretos que autorizan este mecanismo para los ejercicios fiscales de 2024, 2025, 2026 y 2027. Las organizaciones cuestionan que se recurra reiteradamente a esta figura para atender necesidades ordinarias sin justificar las circunstancias específicas de cada ejercicio. La excepcionalidad no puede convertirse en la regla para financiar derechos permanentes. El Ejecutivo debe explicar qué situación exige apartarse de la regla constitucional, cuánto financiamiento implica y cómo se relaciona con las necesidades de cada sector.
La acción de inconstitucionalidad cuestiona que el artículo 1 del decreto no delimite el monto autorizado ni identifique una necesidad sectorial concreta. Asimismo, solicita examinar si los informes técnicos citados por el Ejecutivo justifican todo el alcance de la medida.
Las organizaciones demandantes solicitan que la Corte requiera el expediente íntegro que sustentó el Decreto 527 y los reportes de aplicación de las excepciones anteriores, con detalle por sector, entidad, monto y fuente de financiamiento; un pronunciamiento oportuno, antes de que se agoten los debates respectivos sobre el presupuesto de 2027 y una fiscalización efectiva de la Asamblea Nacional.
Además, alertan que financiar obligaciones permanentes del Estado con recursos extraordinarios puede comprometer la sostenibilidad de los servicios que garantizan derechos humanos. Cuando se recurre al endeudamiento, se generan obligaciones de pago e intereses futuros. Por ello, exigen una planificación que asegure recursos estables y suficientes para salud, educación y justicia.
Asimismo, advierten que un debilitamiento sostenido del financiamiento público puede generar condiciones para restringir derechos y abrir paso a procesos de privatización. Cuestionan también la baja ejecución presupuestaria y señalan que la falta de capacidad para ejecutar los recursos asignados a salud y educación año tras año agrava la crisis que enfrentan estos sectores.
La salud, la educación y el acceso a la justicia son derechos humanos que el Estado debe garantizar de manera permanente. Su financiamiento exige estabilidad, transparencia y responsabilidad.