Por Carlos Andrés Hurtado Lasso
Docente Universidad Central del Ecuador.
Resumen
En Ecuador, la violencia criminal pasó de ser un problema de seguridad para convertirse en una amenaza directa contra el sistema educativo. El presente estudio cualitativo y documental analiza críticamente las muertes violentas de 15 docentes entre enero de 2025 y septiembre de 2026. Los hallazgos demuestran que estas muertes violentas derivan de la expansión del crimen organizado, la extorsión y la debilidad institucional que expone a los educadores en territorios conflictivos. Más allá de las pérdidas individuales, este fenómeno vulnera el derecho colectivo a la educación, fragmenta la continuidad pedagógica y genera zozobra comunitaria.
Palabras clave: docentes, violencia, crimen organizado, educación, Ecuador, extorsión, seguridad educativa, derecho a la educación.
Introducción
En primer lugar, hablar de muertes violentas de docentes en Ecuador exige superar la mirada que reduce estos hechos a una sucesión de acontecimientos policiales. Cuando un profesor muere de manera violenta, no desaparece únicamente una persona: se interrumpe una trayectoria pedagógica, se afecta a una familia, se altera una comunidad educativa y se debilita una de las instituciones sociales fundamentales para la protección de niños, niñas y adolescentes. La UNESCO (2025) señala que América Latina y el Caribe viven un momento histórico marcado por la convergencia de las crisis políticas, económicas, sociales y ambientales que potencian la violencia en todas sus formas a través de desigualdades profundas y persistentes, tensiones sociales acumuladas y, en muchos casos, sistemas institucionales demasiado debilitados como para dar respuesta a las problemáticas que afectan a la población (p. 6)
Asimismo, el problema adquiere una dimensión particularmente grave cuando se observa el contexto nacional. En los últimos cinco años, Ecuador evidenció un drástico incremento en sus índices de violencia, registrando una variación sustancial en la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes entre los periodos 2020 y 2024 (InSight Crime, 2020, 2024, como se citó en Banco Mundial y UNICEF, 2026, p. 9)
De manera complementaria, Escobar-Jiménez (2024) plantea que la violencia ecuatoriana debe analizarse considerando la articulación entre estructuras internacionales del narcotráfico, economías ilícitas, condiciones socioeconómicas y debilidades institucionales. El autor identifica procesos de expansión de las organizaciones delictivas que incluyen la extorsión y formas de gobernanza territorial, hasta alcanzar progresivamente la vida cotidiana de la población.
Por consiguiente, las muertes violentas de docentes deben interpretarse dentro de una estructura social más amplia. No se trata simplemente de preguntar quién disparó contra un maestro, sino de interrogar qué condiciones sociales, económicas, territoriales e institucionales permiten que quienes tienen la responsabilidad de educar puedan ser asesinados mientras desarrollan o se trasladan hacia su trabajo.
Metodología
La investigación adopta un enfoque cualitativo, documental, descriptivo y crítico, sustentado en la revisión y triangulación de diferentes tipos de fuentes.
La primera fuente corresponde a la base de datos proporcionada para esta investigación, denominada Unión Nacional de Educadores, informaciones docentes 2025-2026, que contiene varios componentes entre ellos: docentes asesinados, otros delitos y relación laboral. La base registra 15 casos de docentes fallecidos violentamente, ocho correspondientes a 2025 y siete a 2026 hasta el 17 de septiembre.
Por otra parte, se incorporó literatura científica publicada en revistas académicas y repositorios indexados.
La estrategia analítica consistió en triangular la información cuantitativa disponible con evidencia documental y académica. Esta triangulación resulta fundamental porque no todos los casos registrados presentan información pública suficiente para determinar el móvil de la muerte violenta.
Desarrollo
Docentes fallecidos violentamente registrados durante 2025-2026
A continuación, se presenta la sistematización de los casos de docentes fallecidos violentamente registrados en la base documental de la presente investigación. La información fue contrastada con fuentes periodísticas disponibles públicamente. Debido a que no todos los casos cuentan con una resolución judicial o con información oficial sobre el móvil del crimen, se distingue entre hecho documentado, móvil preliminar y móvil no determinado. Esta precaución permite evitar inferencias causales que todavía no pueden ser sustentadas documentalmente.
Tabla 1
Docentes fallecidos violentamente registrados en Ecuador durante 2025-2026
| Año | Docentes fallecidos violentamente registrados | Porcentaje |
| 2025 | 8 | 53,3 % |
| 2026 | 7 | 46,7 % |
| Total | 15 | 100 % |
Nota. Adaptado de Información docentes 2025-2026, por la Unión Nacional de Educadores (UNE, 2026), y contrastado con reportes de prensa de acceso público.
Información registrada hasta el 17 de septiembre de 2026.
El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa que el universo del magisterio fiscal se mantiene alrededor de 148.000 docentes. La propia base registra 148.456 docentes de sostenimiento público para el período 2024-2025. En términos estrictamente descriptivos, las 15 las muertes violentas registradas representan aproximadamente 10,1 casos por cada 100.000 docentes durante el período analizado.
La violencia contra docentes no constituye un fenómeno aislado
La evidencia disponible permite observar que las muertes violentas forman parte de un espectro más amplio de violencia.
La base estudiada contiene registros relacionados con extorsión, intimidación, secuestro extorsivo, robo, terrorismo y violencia psicológica, lo cual permite identificar una transformación cualitativa del problema: el docente ya no aparece únicamente como trabajador de un sistema educativo, sino también como potencial objetivo de las economías criminales.
El Ministerio de Educación reconoce expresamente la necesidad de activar mecanismos institucionales frente a amenazas y extorsiones contra profesionales de la educación. Los lineamientos oficiales establecen que, ante indicios reales de amenazas o extorsiones, las Direcciones Distritales de Talento Humano deben solicitar intervención institucional para prevenir la escalada de la situación.
Este elemento es fundamental. La existencia de protocolos específicos demuestra que la violencia contra los profesionales de la educación dejó de ser una posibilidad meramente hipotética y se convirtió en un problema que requiere procedimientos institucionalizados de prevención y actuación.
Además, los homicidios y las muertes violentas se suma una escalada de extorsión que ha transformado el ejercicio de la docencia en una actividad de alto riesgo. Las denuncias de extorsión contra maestros pasaron de 300 a aproximadamente 1.000 entre 2025 y 2026. A esto se añade que, producto de las denuncias presentadas por la Unión Nacional de Educadores (UNE) a la Fiscalía General del Estado (FGE), estos delitos se tipifican en: terrorismo, extorsión, intimidación, secuestro extorsivo, violencia psicológica y robo, según consta en el Memorando Nro. FGE-CGAJP-DCJEAF-2024-00195-M del 31 de enero de 2025.
Mientras tanto, Juan Carlos Rodríguez, viceministro de Gestión Educativa del MinEdec, reconoció oficialmente, durante una entrevista en Canal RTU, 350 casos de violencia y extorsión vinculados al magisterio. La diferencia entre esta cifra y los aproximadamente 1.000 casos reportados por la Unión Nacional de Educadores (UNE) evidencia una discrepancia significativa entre los registros institucionales y gremiales. Esta brecha plantea la necesidad de examinar los criterios de registro, las fuentes utilizadas y la posible existencia de casos que no hayan ingresado a las estadísticas oficiales.(Unión Nacional de Educadores, 2026)
¿Por qué están asesinando a tantos docentes?
El docente está inmerso en territorios donde se ha expandido la violencia criminal.
En primer lugar, la explicación más general se encuentra en el proceso de expansión de la violencia criminal en Ecuador.
Escobar-Jiménez (2024) sostiene que el incremento de la violencia ecuatoriana se encuentra relacionado con la articulación de redes criminales locales y transnacionales, así como con economías ilícitas que incluyen drogas, armas y extorsión. El autor identifica, además, una progresión desde la construcción de redes delictivas hasta formas de control territorial y afectación de la vida cotidiana.
Desde esta perspectiva, el docente no necesariamente es asesinado porque exista una decisión criminal dirigida específicamente contra la educación. En numerosos territorios, el docente simplemente vive, trabaja y se moviliza dentro del mismo espacio social donde opera la violencia criminal.
Esta distinción es fundamental. El profesor no vive aislado dentro de la escuela. Viaja en transporte público, conduce su automóvil o motocicleta, habita barrios concretos, utiliza comercios locales y desarrolla relaciones comunitarias. Cuando el territorio se encuentra atravesado por economías ilícitas, el riesgo alcanza también al trabajador educativo.
Las muertes violentas de docentes, entonces, puede ser entendido parcialmente como una expresión de la socialización territorial de la violencia.
El docente constituye una figura visible y predecible
En segundo término, existe una característica particular del trabajo docente: su exposición cotidiana.
El maestro tiene horarios relativamente previsibles, frecuenta una institución determinada y es conocido por estudiantes, familias y habitantes del sector. Esta visibilidad puede convertirse en una vulnerabilidad cuando las organizaciones criminales ejercen control territorial.
Los casos registrados durante 2026 muestran precisamente situaciones ocurridas en los desplazamientos o espacios privados de los docentes. La muerte violenta de Adriana S. en Quito, por ejemplo, ocurrió cuando se disponía a trasladarse hacia su lugar de trabajo. Las investigaciones policiales difundidas por medios nacionales señalaron que los agresores simularon entregarle un ramo de flores.
Asimismo, la muerte violenta de Diana C. en El Guabo ocurrió dentro de su vivienda, donde hombres armados ingresaron y le dispararon. La Policía señaló que investigaba tanto a los responsables como el móvil del crimen.
Estos casos son relevantes porque muestran que la escuela no constituye el único espacio de riesgo. La violencia acompaña al docente desde el territorio laboral hasta el residencial.
La escuela como territorio en disputa
Desde una perspectiva crítica, la violencia contra docentes puede comprenderse también como una disputa por la autoridad social.
El Estado sostiene su presencia territorial mediante instituciones como escuelas, centros de salud, sistemas judiciales y servicios públicos. Cuando estas instituciones pierden capacidad de protección, las organizaciones criminales encuentran condiciones para construir mecanismos paralelos de control.
Escobar-Jiménez (2024) identifica precisamente la existencia de procesos mediante los cuales las economías ilícitas pasan de actividades clandestinas a formas de gobernanza territorial y penetración de la vida cotidiana.
En este escenario, la escuela adquiere una importancia política y social que supera la transmisión de conocimientos.
Por esta razón, cuando la violencia ingresa a una institución educativa, no solamente afecta a los individuos presentes. También afecta la capacidad de la sociedad para reproducir sus mecanismos institucionales de convivencia.
UNESCO (2026) sostiene que los ataques contra instituciones educativas, estudiantes y personal educativo tienen consecuencias que van más allá de la agresión inmediata, porque afectan la continuidad educativa y el derecho a aprender en condiciones seguras.
La violencia también expresa desigualdad territorial
Por otra parte, resulta necesario introducir la dimensión socioeconómica.
La violencia no se distribuye uniformemente en el territorio. El estudio de Escobar-Jiménez (2024) relaciona la violencia con variables socioeconómicas como pobreza multidimensional, empleo, desempleo, hacinamiento, escolaridad y desigualdad.
Esto permite formular una hipótesis estructural: la exposición de los docentes al riesgo depende también de las condiciones del territorio donde trabajan.
Un profesor que desarrolla su actividad en un sector caracterizado por pobreza, exclusión, presencia de economías ilegales, déficit de servicios públicos y débil presencia institucional enfrenta condiciones diferentes a las de otro docente que trabaja en un territorio con mejores niveles de seguridad y servicios.
Por otra parte, el 18 de agosto de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Ecuador. El país se mantiene en nivel 2 de una escala de cuatro; sin embargo, determinadas zonas están clasificadas en los niveles 3 y 4, debido a riesgos asociados con delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros (U.S. Department of State, 2026, citando en Unión Nacional de Educadores, 2026, p. 14)
La muerte violenta de un docente es también un ataque contra la educación
Desde una perspectiva pedagógica crítica, la muerte violenta de un docente no puede ser considerada únicamente como una estadística criminal.
Cuando un maestro es asesinado, los estudiantes reciben un mensaje social devastador: el espacio educativo tampoco está completamente protegido frente a la violencia.
La escuela, como espacio de formación, socialización y construcción de ciudadanía, pierde capacidad protectora cuando sus propios trabajadores son víctimas de violencia extrema.
UNESCO (2025) sostiene que más allá del aprendizaje, las escuelas deberían ser refugios seguros, lugares donde los niños aprendan, crezcan y se desarrollen plenamente a lo largo de sus vidas. Por otra parte cuando esta condición se pierde, las consecuencias se extienden a estudiantes, familias, docentes y comunidades.
En ese sentido la Constitución de la República del Ecuador consagra el marco supremo de protección para el magisterio a través de la articulación de sus mandatos fundamentales. Por un lado, el Artículo 3 establece como uno de los deberes primordiales del Estado el garantizar a todos sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral, un precepto que cobra especial relevancia en el ámbito escolar ante las amenazas del entorno. (Constitución de la Republica del Ecuador 2008, p. 9)
Esta obligación general se complementa de forma específica con el Artículo 349 de la Carta Magna, el cual determina de manera explícita que el Estado tiene la obligación de asegurar al personal docente condiciones laborales dignas, estabilidad en sus cargos, un salario justo y, de manera crucial, un entorno adecuado para su desarrollo profesional, lo que blinda jurídicamente su integridad física y emocional durante el ejercicio de sus funciones.(Constitución de la Republica del Ecuador 2008, p. 169)
Esta protección constitucional se operativiza de forma directa en el sistema educativo a través del Artículo 17 de la Codificación a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el cual rige de manera específica los derechos de los profesionales de la educación. Este articulado de la nueva codificación vigente determina taxativamente el derecho de los maestros a ejercer su labor en entornos seguros, sanos y libres de cualquier tipo de violencia o coacción. Bajo este amparo legal, el Estado ecuatoriano no solo está obligado a proveer los recursos y la infraestructura necesaria, sino también a activar de forma inmediata los protocolos de resguardo y soporte institucional cuando la seguridad de los docentes se vea comprometida por la delincuencia, extorsiones o conflictos dentro y fuera de las aulas.(Codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural,2024,p. 141)
En consecuencia, la seguridad del docente debe ser entendida como una condición del derecho a la educación.
Educación, presupuesto y seguridad
La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece en su Disposición Transitoria Decimoctava que el Estado debe incrementar anualmente al menos el 0,5 % del PIB destinado a educación hasta alcanzar un mínimo del 6 % del PIB para educación inicial, básica y bachillerato.(p. 216)
La protección educativa requiere recursos materiales, una política de seguridad educativa demanda infraestructura, iluminación, sistemas de comunicación, transporte seguro, acompañamiento psicológico, profesionales DECE, articulación territorial, capacitación, mecanismos de denuncia, protección laboral y coordinación interinstitucional.
En consecuencia, la discusión presupuestaria no debe reducirse únicamente al número de policías colocados alrededor de las escuelas. La pregunta fundamental es cuánto invierte el Estado en construir condiciones sociales para que la escuela pueda cumplir su función protectora.
Una interpretación desde la pedagogía crítica
Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, la violencia contra docentes puede ser comprendida como una manifestación de una crisis social que atraviesa las instituciones encargadas de producir ciudadanía.
Consecuentemente, Ocampos (2008) argumenta que la acción pedagógica exige una aproximación crítica a la realidad, impidiendo que la institución escolar sea analizada desde una neutralidad aparente en contextos caracterizados por la exclusión socioeconómica.
En este sentido, el docente se encuentra en una posición contradictoria.
Por un lado, el Estado le exige educar, prevenir la violencia, identificar riesgos, acompañar estudiantes y fortalecer la convivencia.
Por otro lado, ese mismo docente puede desarrollar su trabajo en un territorio donde las condiciones materiales necesarias para garantizar su propia seguridad son insuficientes.
Esta contradicción revela una cuestión central: no puede exigirse a la escuela que resuelva por sí sola problemas producidos por estructuras sociales que exceden sus capacidades institucionales.
La escuela puede prevenir, educar y proteger, pero no puede sustituir a la política económica, al sistema judicial, a la Policía, a la justicia social ni a las instituciones responsables de garantizar derechos.
Conclusiones
La información analizada evidencia una situación que no puede ser normalizada: 15 docentes aparecen registrados como víctimas de muertes violentas entre enero de 2025 y septiembre de 2026. La magnitud del fenómeno requiere una respuesta estatal sistemática y no únicamente reactiva.
Las muertes violentas deben comprenderse dentro del contexto general de expansión de la violencia criminal en Ecuador. La literatura identifica relaciones entre crimen organizado, economías ilícitas, desigualdad territorial, debilidad institucional y violencia.
La extorsión constituye una dimensión particularmente preocupante. Las amenazas dirigidas contra docentes y escuelas muestran que las organizaciones criminales pueden utilizar la educación como espacio de presión económica y territorial.
Cada muerte violenta produce efectos sobre estudiantes, familias, compañeros, comunidades y continuidad educativa.
La escuela debe ser concebida como una institución protectora. Por ello, cuando la violencia ingresa al sistema educativo, no solamente se vulnera la seguridad individual, sino también el derecho colectivo a una educación segura.
Finalmente, el problema exige superar la falsa dicotomía entre «educación» y «seguridad». La seguridad educativa es una condición para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Proteger al docente significa proteger al estudiante; proteger la escuela significa proteger a la comunidad; y fortalecer la educación significa también disputar socialmente el territorio a las estructuras que pretenden sustituir al Estado mediante miedo, extorsión y violencia.
Asimismo, es plenamente pertinente la petición de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de exigir al Gobierno declarar el sistema educativo en emergencia, una medida urgente ante la profunda crisis que destruye las aulas. Este alarmante escenario abarca el avanzado deterioro de la infraestructura escolar y una severa precarización laboral docente; sin embargo, el factor más crítico se expresa en función de la violencia extrema que azota al país, cobrando ya la vida de 15 maestros víctimas de la criminalidad, lo que convierte a las escuelas en territorios vulnerables y sin garantías de seguridad.
Referencias
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Constitucion de la Republica del Ecuador 2008. (s/f). Recuperado el 27 de septiembre de 2026, de https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf
Escobar-Jiménez, C. (2024). Estructuras internacionales del narcotráfico y factores socioeconómicos de la violencia en Ecuador. URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (39), 8–28. https://doi.org/10.17141/urvio.39.2024.6164
Ocampos, J. (2008). PAULO FREIRE Y LA PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO. https://www.redalyc.org/pdf/869/86901005.pdf
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Unión Nacional de Educadores. (2026, agosto). Nuevo año lectivo 2026-2027, régimen Sierra y Amazonía: inseguridad, violencias, exclusión escolar, deterioro de la infraestructura, inclusión educativa, insuficiente inversión y precarización laboral. https://une.edu.ec/wp-content/uploads/2026/09/CUADERNO-22EDUCADOR22-No10.pdf
Unión Nacional de Educadores. (2026, septiembre 16). (3) #EducaciónEnEmergencia | ¿Cómo… – Unión Nacional de Educadores | Facebook. facebook.com/unenacional. https://www.facebook.com/unenacional/posts/-educaci%C3%B3nenemergencia-c%C3%B3mo-afectan-la-inseguridad-y-las-violencias-a-los-profes/1521304100042367/