Por Ramiro Beltrán
Esta es una oportunidad para los trabajadores, afiliados y jubilados, encontrar la salida política, organizativa, administrativa y técnica a la crisis provocada por autoridades del IESS y gobiernos que a nombre del Estado le están llevado al abismo al Instituto patrimonio de los trabajadores y contribuyentes.
El modelo de seguridad social ofertado por el IESS, de solidaridad y reparto es vigente; pero lo que lo ha llevado a la crisis, es el alto grado de corrupción que se desarrolla en el entorno y con gravísimos atisbos de complicidad interna; se habla que éste es del 25% o incluso del 30%, lo que significaría que una tercera parte del presupuesto institucional se “negocia” lo que estaría comprometiendo su estabilidad financiera; en una auditoría realizada por Contraloría del Estado al HTMC concluyen que existen sobreprecios en medicinas de hasta un 1,087%. Todavía no se conoce cuánto dinero del presupuesto estaría comprometido en la adquisición de equipos, se afirma que en el dispensario de la Marín (Quito) no funcionan equipos de alta gama porque no cumplen con los requisitos técnicos y si los hacen funcionar comprometerían la salud de los pacientes.
Las denuncias presentadas por organismos de la sociedad civil, sobre actos de corrupción, han llevado a que las casas comerciales que ofertan medicinas, cambien de nombre cada vez que proponen la venta de fármacos al IEES o al Ministerio de Salud, son siete las identificadas.
Se suma, la irresponsable actitud de los gobiernos de turno y empleadores, que desde hace 15 años impiden el pago de la alta deuda del Estado: $ 24.500 millones y de $ 1.800 millones de empleadores, que ahogan gravemente al IESS y a la calidad de servicios y prestaciones ofrecidos, poniendo en riesgo a los seguros de salud y la vida de los pacientes y al de pensiones.
Las deudas para el Fondo de salud, prestaciones médicas y enfermedades catastróficas ascienden a $ 5. millones; la contribución del 40% para pensiones a $ 1.300 millones; y eliminación del 40% de pensiones más lucro cesante a $ 9 millones.
La incapacidad administrativa de vocales y autoridades y su forma de gobierno ilegítimo por sus funciones prorrogadas, han cumplido el papel de detractores del IESS, quienes juegan con la angustia y la estabilidad emocional de los afiliados y jubilados, representaciones cuyo objetivo es crear malestar respecto del Instituto, para establecer condiciones de su desaparición y crear las famosas Administradoras de Fondos de Pensiones, vieja aspiración de la banca y neoliberales que anhelan administrar $ 360 millones mensuales y $ 4.320 millones anuales, dineros frescos que aportan 3 millones de afilados.
Ante esta difícil situación del patrimonio de los afiliados, jubilados y derecho habientes a la que le han conducido intereses bastardos que han debilitado su sostenibilidad y solvencia y siendo imperativo combatir toda esta telaraña maledicente en contra de los dueños del IESS y del modelo de solidaridad y reparto, es obligatorio asegurar la recuperación de la calidad de los servicios y seguros ofertados, garantizando el ejercicio de derechos plenos de los contribuyentes para mantener los servicios eficientes de los derechos sociales de la seguridad social que los asiste, afirmando los niveles de bienestar social de los afiliados, con un sistema de seguridad social que responda a condiciones de igualdad y solidaridad, accediendo a las prestaciones con niveles de cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera.
Para lograr esto, en preciso utilizar la “autonomía Institucional de la seguridad social” la aplicación sin condiciones de la Constitución y la ley del IESS; ello implica independencia administrativa y política total de los gobiernos de turno y de intereses particulares; la creación de un Congreso de afilados que legisle, planifique por donde transitar, aplique una democracia participativa y consultiva; nombre a sus administradores y autoridades, bajo el principio de fiscalización y aplicación de contraloría social ejercida por afilados y jubilados.
Decidámonos a construir un IESS eficiente y sin el lastre de la corrupción.