Por Francisco Escandón Guevara
Luego que la Corte Constitucional admitiera el trámite de juicio político contra Guillermo Lasso, la atención del país está fijada en la Asamblea Nacional. En alrededor de un mes la suerte del presidente estará echada.
Desde el retorno a la democracia burguesa, Lasso podría ser el primer mandatario destituido por vía constitucional, para censurarlo se requieren las dos terceras partes de los miembros del parlamento. Alcanzar esas 92 voluntades genera más de una incertidumbre, de un lado el banquero asegura que conservará el poder y por otro, día a día, se especulan con los votos en los bloques legislativos.
Con las relaciones dinamitadas en la Asamblea, el movimiento oficialista CREO y sus aliados son incapaces de adherir voluntades para evitar la censura; al régimen sólo le queda el recurso del más burdo reparto de parcelas de poder como maniobra última para sostenerse con uñas y dientes en Carondelet.
Ya existen indicios, está ocurriendo. Son varias las denuncias de instituciones estatales entregadas a ciertos legisladores y están publicándose audios que prueban como ciertos sectores políticos negocian su complicidad con el régimen a cambio de ministerios y otras prebendas. ¿Qué espera la fiscalía para actuar?
En la Asamblea se está comerciando el futuro del país, no importa si el régimen es inepto, corrupto o vinculado al narcotráfico. Hay asambleístas que están vendiendo su alma al diablo y los votos decisivos que podrían mantener a satán en el gobierno serán los más costosos.
Parte de esta artimaña repugnante son algunos asambleístas que actúan como guardaespaldas del gobierno. No sólo callan el reparto, sino intimidan sobre una supuesta nulidad del juicio político e incluso presagian la muerte cruzada, aunque Lasso no tenga capital político para gobernar vía decreto ejecutivo. El cabecilla de esta acción premeditada es Fernando Villavicencio que transmutó de denunciante de la corrupción correísta a guardaespaldas del banquero corrupto.
Todo puede ocurrir, lo único claro es que el anuncio gubernamental de “la pelea es peleando” está reducido a una malograda feria libre en el que se mercantilizan votos a cambio de impunidad política.
Urge que el pueblo fiscalice a los fiscalizadores, la movilización social debe cercar a los traviesos asambleístas para que respondan a la exigencia de las mayorías que reclaman la salida de Lasso.