Por Henry Izurieta
La Comisión Interdisciplinaria creada por el Presidente Guillermo Lasso, para proponer salidas a la crítica situación del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ha expuesto sus iniciativas que pretenden llegar por un camino de 30 años de duración a una suerte de seguridad social que difícilmente cumplirá las expectativas de los ecuatorianos.
Proponen que en un proceso de diez años llegar a que sea necesario 35 años de trabajo y 60 años de edad para acogerse a la jubilación, también que, en otro proceso de 30 años, se incremente los años a tomarse en cuenta para calcular la pensión jubilar.
En política lo que busca este proceso gradualista es anular la protesta social porque con el argumento de “respeto a los derechos adquiridos” de los afiliados y jubilados de hoy, pretenden que no se sientan afectados y, consecuentemente, no protesten, pero también pretenden irrespetar los derechos de los jubilados del futuro, que, se afiliarían ahora, pero con las nuevas reglas. Este concepto es inaceptable y debe ser rechazado, las muestras de solidaridad de los actuales jubilados que protestan por sus derechos y por los derechos de los jubilados que vienen, deben hacerse escuchar, exigiendo que los derechos de los jubilados de hoy, también deben ser los derechos de los afiliados de luego de 30 años.
Evidentemente, los jóvenes que se afilian hoy, deben ser conscientes que se les pretende afectar sus derechos de cuando tengan edad de jubilarse. El objetivo fiscal que tiene la propuesta de la Comisión liderada por el Ec. Augusto De la Torre, es lograr que el aporte del Estado a las pensiones jubilares llegue a un techo del 3% del PIB. Esos dineros serían distribuidos entre todos los jubilados, en lo que ellos denominan la “pensión vitalicia” y que calculan que sería $250 para alguien que trabaje 35 años y tenga más de 60 años de edad. Sin embargo, no presentan el monto de la pensión vitalicia para luego de unos 40 años en que el número de jubilados habrá incrementado enormemente, pero el techo del dinero a repartir siga siendo el 3% del PIB.
Se plantea tener al Fondo de Cesantía como la caja de ahorro individual, como parte de un segundo pilar que complemente a la pensión vitalicia, lo cual no suena mal, pero la propuesta de esta comisión abre las puertas a que no sea solamente el BIESS la institución que los administre e invierta, sino que sea otros inversionistas “escogidos por los afiliados”, lo cual es dar los pasos en el camino tan anhelado por los neoliberales de manejar los fondos previsionales de los ecuatorianos.
Finalmente, De la Torre sostiene que su propuesta debe ser complementada con otras dos: la reforma al seguro de salud y una reforma laboral. La referida al seguro de salud tiene que ver con la pretensión de que la atención médica de los jubilados, al no ser parte de las prestaciones del IESS, sino responsabilidad del Estado, pase a depender de la red del Ministerio de Salud Pública o, mejor aún, ser parte de los seguros de salud que contrate cada afiliado. De esta manera el seguro de salud del IESS, solo atendería a quienes expresamente lo soliciten.
Si bien existen planteamientos positivos como volver al Fondo de Cesantía a su concepto original de solo ser retirado al final de la vida laboral, o las medidas para lograr que todos quienes trabajan se afilien, los drásticos cambios al tiempo de trabajo y formas de cálculo de la pensión, así como crear un pilar que tan solo será alcanzable para los trabajadores que tengan real capacidad de ahorro, cambian la concepción del actual sistema en términos que lo vuelven más inequitativo.