Por Jaime Chuchuca Serrano
El gobierno de Noboa tiene mayoría en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La presidenta del CNE, Diana Atamaint, trabaja para Noboa y el hermano de esta como Cónsul en Estados Unidos; Enrique Pita tiene familiares contratistas del Estado; José Cabrera, cuadro socialcristiano, no ha tenido problema en sumarse a esta mayoría; al igual que Esthela Acero. Esta mayoría, cuatro de cinco, ha entregado vocalías y funcionarios a ADN en todo el país. La única consejera disidente ha sido Elena Nájera, quien ha recibido múltiples amenazas. El grupo encabezado por Atamaint se las ha arreglado para satisfacer los intereses de los presidentes Moreno, Lasso y Noboa. Con esta conformación, el CNE se ha tapado los ojos ante las infracciones electorales, la licencia presidencial, el uso de recursos públicos no autorizados en campaña, entrega de cocinas de inducción y prebendas por parte del oficialismo y otros actores en pleno proceso electoral.
Ante los insistentes pedidos del gobierno de Noboa, el CNE prorrogado en funciones, acaba de resolver ilegalmente la prohibición de “dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos” para el voto detrás del biombo de la segunda vuelta presidencial, y lo más grave, para el escrutinio, salvo la presencia de un celular que se maneje como calculadora. Aún está en debate, la eliminación de multas en zonas golpeadas por el invierno, lo que podría subir el ausentismo. Ahora bien, de acuerdo al Art. 132 de la Constitución, se requiere la expedición de leyes para el ejercicio de derechos y garantías, para tipificar infracciones, sanciones, tributos, entre otras. Igualmente, el Art. 7 del Código de la Democracia dice que toda reforma electoral se hará con un año de anticipación al proceso electoral; además que no puede menoscabar derechos, como el de libertad, libertad de expresión, participación, derechos políticos, y otros consagrados en la Constitución y Tratados internacionales. Asimismo, por principio, no hay pena, infracción, multa sin ley. Por lo tanto, la resolución del CNE es inconstitucional, ilegal, arbitraria, ilógica, absurda.
Los celulares ya son un instrumento esencial para levantar evidencias y pruebas cotidianamente. Es tan desacertada la decisión del CNE, que las mismas Actas se hicieron con código QR, para que los miembros de las juntas receptoras del voto y delegados de los sujetos electorales, puedan probar su legalidad y legitimidad con los celulares, además de tomar fotos de las Actas para hacer el control electoral. Pero no solo eso, los conceptos de “dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos” son excesivamente amplios, que pueden incluir relojes, marcapasos y otros. Para llegar al culmen de la ilegalidad, se impone una multa por el uso de estos dispositivos, de 9870 a 32900 dólares, más que las multas que disponen los jueces a algunos miembros de las estructuras narcodelictivas. Para efectuar el control se quiere usar las Fuerzas Armadas. Las acciones de inconstitucionalidad que se presenten ante la Corte Constitucional, serán aplaudidas por el público. Los actos arbitrarios generan un efecto rebote, por psicología contraintuitiva; así parece, que el CNE y el gobierno de Noboa terminarán consiguiendo lo contrario de lo que desean.