Redacción Opción
El Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, elaborado por Amnistía Internacional, publicado en abril de 2026 acusa de un incremento de las violaciones a los DDHH en todo el Mundo Tal como Amnistía Internacional. “Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de desmoronarse, … A lo largo de 2025, los bienes comunes de la humanidad fueron presa de depredadores voraces, de saqueadores brutales a la caza de trofeos injustos” dice Agnès Callamard, secretaria general de AI.
En el capítulo Ecuador, el informe presenta un conjunto de derechos violados durante el gobierno de Daniel Noboa. Entre otros, empieza señalando que el gobierno ha hecho poco en las investigaciones por esclarecer de desapariciones forzadas. La fiscalía general del Estado abrió investigaciones sobre la posible desaparición forzada de 43 personas tras las operaciones de seguridad llevadas a cabo por las fuerzas armadas en 2024, sin avances.
El gobierno acentuó la militarización de la seguridad pública, sin embargo, dice el Informe, hasta el 19 diciembre de 2025 se registraron 8.847 homicidios, la tasa mas alta de la historia reciente del país.
La Asamblea Nacional aprobó en junio un conjunto de leyes centradas en la seguridad que había propuesto el gobierno y que suponían un riesgo para los derechos humanos. En septiembre, a Corte Constitucional declaró la nulidad de las nuevas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional y suspendió provisionalmente algunos artículos de la Ley de inteligencia.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados y la CIDH expresaron su preocupación ante la desacreditación del poder judicial promovida por el poder ejecutivo mediante el hostigamiento y la estigmatización pública, las amenazas y una marcha encabezada por el presidente Noboa contra la Corte Constitucional, entre otras acciones.
En el marco del control de las protestas lideradas por organizaciones indígenas, sociales y sindicales se registraron detenciones masivas y un uso ilegítimo de la fuerza, así como la apertura de procesos penales abusivos y el congelamiento de cuentas bancarias de líderes y lideresas sociales y manifestantes. El informe añade que “Las organizaciones de la sociedad civil informaron de al menos dos personas fallecidas, 473 heridas y 206 detenidas durante las protestas ocurridas entre septiembre y octubre”.
La Asamblea Nacional aprobó en agosto una ley que amenazaba la libertad de asociación, cuyo reglamento se publicó en octubre.
En noviembre, la población rechazó en las urnas la convocatoria de una asamblea constituyente.
El informe hace referencia también a que en diciembre, 16 miembros de las fuerzas armadas fueron condenados por la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes ocurrida en 2024 en la ciudad de Guayaquil tras ser detenidos. La sentencia confirmaba, además, que habían cometido tratos crueles y tortura durante la detención.
En el caso de las personas privadas de libertad continuaban sufriendo hacinamiento y falta de atención médica y de alimentación adecuada, así como tortura y malos tratos. Entre enero y septiembre 2025 habían fallecido 760 personas privadas de libertad en las cárceles del país, 105 de ellas de forma violenta.
El gobierno continuó permitiendo la quema de gas en los mecheros instalados en la Amazonía, a pesar de que una sentencia judicial de 2021 había ordenado eliminarlos.
La explotación de los recursos naturales seguía vulnerando derechos individuales y colectivos, especialmente el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por violar el derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas de la Amazonía al autorizar proyectos de explotación minera en su territorio.
El acceso al aborto en los tres casos establecidos legalmente seguía estando limitado por las barreras institucionales, la falta de datos oficiales, la precariedad médica y el estigma. El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Ecuador por vulnerar los derechos de una niña de 13 años sobreviviente de violencia sexual que se había visto forzada a continuar un embarazo.
El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, instó a Ecuador a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la infancia y a ocuparse de la cuestión de las muertes de niños y niñas, especialmente en operaciones de seguridad llevadas a cabo por militares.
Continuó la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2019 2022.
