Por Guido Proaño
El temor de las clases dominantes a la izquierda no es nuevo, y hoy se expresa con una claridad brutal. Tienen un miedo profundo a que los de abajo se organicen, disputen poder y cuestionen privilegios históricos. Cuando ese miedo crece, las élites dejan de lado incluso las formas y recurren abiertamente a la exclusión, la persecución y la ilegalización.
Hace doce años ya lo vimos. La ilegalización del MPD no fue un acto administrativo ni una decisión técnica: fue una operación política. El Consejo Nacional Electoral de entonces pisoteó la ley sin rubor. Tan evidente fue la arbitrariedad que, tiempo después, el propio Estado tuvo que devolver el reconocimiento legal. Pero el daño ya estaba hecho. Se buscó desarticular una fuerza política combativa, golpear a un referente de lucha y enviar un mensaje aleccionador al conjunto del movimiento popular.
Sin embargo, la respuesta fue organización. Los emepedecistas no desaparecieron ni se replegaron: construyeron Unidad Popular y se fusionaron en una sola organización política. Transformaron el golpe en una oportunidad para recomponerse y seguir en la lucha. Esa capacidad de resistencia es, precisamente, lo que más inquieta a quienes detentan el poder.
Hoy, la historia se repite, pero en un contexto aún más peligroso. El CNE, con otros rostros, pero con la misma lógica, vuelve a ilegalizar, esta vez a Unidad Popular. Y lo hace, otra vez, inventando razones, fabricando informes y violentando procedimientos. No hay aquí legalidad ni imparcialidad: hay una decisión política dirigida a eliminar a una fuerza que hace oposición política al gobierno.
El país atraviesa una situación delicada. Cuando los organismos que deberían garantizar derechos se convierten en instrumentos de persecución, la democracia deja de ser tal. Cuando se manipulan las reglas para excluir a la oposición, lo que se instala es un régimen antidemocrático. Y ese camino tiene un nombre: autoritarismo.
El CNE no actúa por cuenta propia. Los dos votos con los que ilegalizan a UP, de Diana Atamaint y José Merino, responden a una orientación política clara, que emana del gobierno de Daniel Noboa y de los intereses que representa. No es casual que, junto a estas decisiones, se intensifique la criminalización de la protesta. Se trata de un mismo libreto: debilitar, fragmentar y, si es posible, eliminar a quienes cuestionan el orden establecido.
Pero también hay una lección que no pueden borrar. Cada intento de ilegalización ha encontrado respuesta en la organización y la lucha. La izquierda no desaparece por decreto, ni se disuelve por resoluciones administrativas. Su fuerza radica en la realidad que la sustenta: la desigualdad, la exclusión y la injusticia que las clases dominantes se niegan a resolver.
Por eso temen. Porque saben que, pese a los golpes, la izquierda sigue en pie, organizada y dispuesta a dar la pelea. Y porque intuyen que, más temprano que tarde, esa lucha volverá a abrirse paso.