Por Isabel Vargas Torres
La elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 0% al 15% sobre productos que forman parte de la canasta básica familiar constituye una agresión directa contra los consumidores finales: los moradores de los barrios de Quito y del Ecuador.
El gobierno, en cumplimiento de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, de revisar subsidios y elevar el IVA, condena al pueblo a la pobreza y profundiza la desigualdad.
Muchos de los productos gravados no son artículos suntuarios: son alimentos y bienes recomendados para mejorar la salud, forman parte de la dieta cotidiana y sostienen la vida de las familias. Gravar con IVA lo esencial es condenar a los sectores populares a una mayor precariedad.
La ley establece que las exenciones y tarifas diferenciadas deben ser definidas por ley. Una interpretación administrativa no puede ser plasmada en una simple circular, pues ello vulnera el principio de reserva de ley y la seguridad jurídica.
La inflación se incrementará inevitablemente. En Quito, donde la canasta básica familiar ya es una de las más caras del país, el aumento del IVA profundizará la pobreza y ampliará la brecha de desigualdad.
No se trata solo de cifras: se trata de la vida cotidiana de los barrios, de la alimentación de los niños, de la salud de los adultos mayores, de la dignidad de quienes sostienen el país desde abajo.
Los moradores de los barrios exigimos
– Respeto a la normativa tributaria y al principio de reserva de ley.
– Protección de la canasta básica familiar frente a impuestos regresivos.
– Que la política fiscal esté al servicio de la vida y no del pago de la deuda externa.
La justicia fiscal debe ser un instrumento de equidad, no de empobrecimiento masivo. Sube el IVA, sube todo: pero no debe subir la pobreza ni la indignidad de nuestro pueblo.