Por Remo Cornejo Luque
Iniciemos por clarificar el concepto. Criptodictador es un término político informal que describe a un gobernante autoritario u oculto (cripto- del griego oculto o escondido) que mantiene una fachada formal de democracia —como elecciones periódicas y leyes vigentes—, mientras concentra el poder, debilita las instituciones independientes y persigue o neutraliza a la oposición mediante la ley. El gobierno de Daniel Noboa encaja de forma alarmante en esta definición y se fundamenta en los siguientes aspectos.
En primer lugar, el país se encuentra bajo una gobernanza de la excepcionalidad permanente. Con el pretexto incuestionable de combatir al crimen organizado y al narcotráfico, el Ejecutivo ha normalizado los estados de excepción encadenados, militarizando el territorio nacional y restringiendo garantías ciudadanas. Paralelamente, abusando de la vía legislativa extraordinaria, con una mayoría servil y mercantilizada, ha impuesto una avalancha de leyes con el carácter de «económico urgente». Muchas de estas normas, lejos de solucionar la crisis del pueblo, han sido demandadas por inconstitucionales debido a vicios de fondo y forma, demostrando un desprecio sistemático por el debate legislativo y los límites que impone la Constitución.
En segundo lugar, se consolida una peligrosa concentración y control de poderes públicos puestos al servicio exclusivo del Gobierno, sus allegados y su propio entorno familiar. Los organismos de control y justicia, lejos de actuar con independencia, operan hoy como un escudo de impunidad institucional. La Fiscalía General del Estado y el sistema de justicia mantienen un silencio cómplice frente a las graves revelaciones internacionales que involucran a empresas del holding y emporio bananero de la familia presidencial, donde repetidamente se han descubierto toneladas de droga camufladas dentro de sus cajas de exportación. Mientras estos turbios y sucios casos de corrupción y presunto narcotráfico son archivados, sepultados o ignorados por los fiscales, esa misma estructura judicial se activa con ferocidad inquisidora en sentido inverso: se la utiliza como un mazo político para perseguir, judicializar y encarcelar penalmente a los líderes de la oposición política y social que se atreven a denunciar los abusos del régimen.
Finalmente, el tercer aspecto de este desmontaje democrático es la abierta conversión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los tribunales afines en burdos operadores políticos del Ejecutivo. La función electoral ha dejado de ser un árbitro neutral para convertirse en el brazo ejecutor de un fraude anticipado. Esto se evidencia no solo en la proscripción, suspensión arbitraria y cancelación de personerías jurídicas de partidos y movimientos políticos para limpiar el tablero electoral, sino también en el bloqueo sistemático a los mecanismos de democracia directa. El CNE ha negado repetidamente la entrega de los formularios para la recolección de firmas orientadas a la revocatoria del mandato presidencial, escudándose en tecnicismos jurídicos para salvar al binomio de Carondelet del escrutinio popular. Sin embargo, el tiro les puede salir por la culata. Pese al cerco institucional y la sumisión del arbitraje electoral, el pueblo persiste firmemente en este cometido democrático.
La indignación frente al autoritarismo, los apagones, el desempleo, la inseguridad y la impunidad ya desborda cualquier nivel de tolerancia popular. Los sectores sociales, el Frente Popular, la UNE, la CONAIE y las centrales sindicales ya preparan asambleas y movilizaciones de protestas. La consigna es clara y resuena con fuerza en cada rincón del país: si el régimen pretende clausurar las vías legales del disenso, será la acción colectiva y la resistencia popular la que obligue a este gobierno a empacar sus maletas e irse a su casa.